Quito| Pabel Muñoz acudió a Fiscalía por investigación a trolebuses: "Es un bochorno internacional"

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, acudió este 24 de marzo a la Fiscalía General del Estado en el marco del proceso relacionado con la compra de 60 trolebuses eléctricos. Según indicó, su comparecencia fue libre y voluntaria.

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Durante su intervención, defendió la transparencia del proceso —realizado mediante un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)— y cuestionó la investigación. “Esto me parece un bochorno internacional”, afirmó.

Lo que observa la Contraloría

La compra de los trolebuses no solo está en Fiscalía. Un informe de la Contraloría General del Estado determinó un presunto perjuicio económico de 2,55 millones de dólares en el proceso de adquisición y estableció indicios de responsabilidad penal, que deben ser analizados por la Fiscalía.

El examen revisó las fases de preparación, negociación y ejecución del acuerdo con UNOPS entre 2022 y 2025. Según el organismo de control, la Empresa de Pasajeros no aplicó los procedimientos ordinarios de contratación pública, pese a tratarse de bienes que debían adquirirse mediante subasta inversa electrónica.

Además, la auditoría señala que se realizaron pagos por más de 2,5 millones de dólares por costos de implementación e indirectos que no tendrían sustento suficiente, lo que motivó la recomendación de glosas civiles.

A esto se suman observaciones técnicas: los trolebuses habrían incumplido 15 de 80 especificaciones previstas en el contrato, lo que —según la Contraloría— podría impactar en la seguridad y vida útil de las unidades.

En ese marco, la Contraloría analizó recursos por más de 34 millones de dólares y detectó irregularidades en varias fases del proyecto, incluyendo la omisión de procedimientos de contratación pública y falta de sustento en costos.

Lo que sostiene el Municipio

Frente a estos señalamientos, Muñoz insistió en que el mecanismo utilizado está respaldado por la normativa vigente y que forma parte de un proceso de modernización del transporte público.

De acuerdo con cifras municipales, el sistema ya registra más de 25 millones de viajes, un ahorro superior a 6 millones de dólares y una mejora en la eficiencia operativa.

Desde la defensa, el abogado Carlos Soria afirmó que, a su criterio, no existen indicios de responsabilidad penal y que la documentación entregada permitiría archivar la causa.

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