Con una resolución del proceso penal contra Samara Rivera se conocieron detalles del mecanismo que habría permitido que su esposo y líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano González, alias JL o Rasquiña, fuera liberado de prisión pese a estar condenado a 20 años por asesinato.

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Según la documentación, al parecer, existió una estructura que articuló acciones desde dentro y fuera del sistema judicial y penitenciario, en la que participaron jueces, abogados, funcionarios del sistema penitenciario (SNAI) y Samara Rivera, hoy sentenciada a cinco años de cárcel por asociación ilícita.

Paso a paso de la operación para la salida de Rasquiña

Rasquiña había sido sentenciado a 20 años, pero un juez dictó una resolución que modificó el tipo penal dictado en su contra y redujo su condena a ocho años. Este juez fue luego destituido y sentenciado por prevaricato. Sin embargo, para poder acceder a la prelibertad, además de cumplir con el 40 % de la pena, Zambrano debía cumplir ciertos requisitos legales dentro del sistema carcelario. Uno de ellos era haber sido reclasificado de mediana a mínima seguridad.

Fue así que, de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, parte de la estructura delictiva operó desde el interior del SNAI para lograr el traslado y la recategorización de Rasquiña al régimen de mínima seguridad. Este paso era indispensable para acceder al beneficio penitenciario que le permitió salir. Y mientras eso sucedía, las interceptaciones telefónicas de los investigadores habrían evidenciado que Samara Rivera estaba al tanto de todos los movimientos y que coordinaba acciones con funcionarios.

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También se habrían recogido conversaciones en las que ella relataba que el líder chonero se molestaba por la lentitud de los trámites y presionaba para que se avanzara más rápido. Finalmente, modificada la sentencia y ajustado el régimen penitenciario, Rasquiña fue liberado a mediados de 2020 de la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, pero debía seguir compareciendo en la cárcel de El Rodeo, en Manabí. Seis meses después, el 28 de diciembre, fue asesinado en un reconocido centro comercial de Manta.

El presunto rol de Samara Rivera

Aunque la defensa de Samara Rivera alegó que su papel fue el de una esposa preocupada y sin influencia legal, la sentencia en su contra desvela que ella presuntamente articulaba gestiones, mantenía contacto directo con quienes operaban el trámite penitenciario y conocía detalles del proceso.

Los otros actores en esta presunta estructura criminal

Además de Samara Rivera, en el proceso fueron involucrados el abogado Harrison Salcedo (asesinado en 2021), el juez Manuel Santamaría (fallecido por enfermedad), otros funcionarios judiciales y personal administrativo del sistema penitenciario.

La Fiscalía argumentó que se trató de una asociación ilícita con fines específicos: conseguir, mediante presuntos mecanismos irregulares, la liberación de uno de los líderes más peligrosos del país. El tribunal determinó que no era necesario que se ejecuten nuevos delitos, ya que la sola existencia de esta organización y sus objetivos delictivos configuran el tipo penal.

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