Romer Orrego, apu awajún de Condorcanqui, en la Amazonía peruana limítrofe con Ecuador, denunció públicamente la presencia y avance de la banda ecuatoriana Los Choneros dentro del territorio peruano. Según Orrego, la organización —vinculada al narcotráfico y a otras redes criminales— habría cruzado la frontera en el distrito del Cenepa para instalar operaciones de minería ilegal y habilitar vías clandestinas que faciliten el transporte del oro extraído.

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El líder indígena vinculó la ocupación a una distribución de roles que, según su relato, favorece a ciudadanos ecuatorianos que aprovechan la vulnerabilidad de comunidades awajún y wampis. En sus declaraciones a RPP alertó sobre un patrón de acción que va más allá de la extracción: intimidación de pobladores, reclutamiento de jóvenes y, en algunos casos, utilización de menores como “escudo” para evitar las interdicciones de las fuerzas de seguridad. 

“Telepáticamente se comunicarán, ese es el término que no logro descifrar, ya sabe todo el mundo que va a haber interdicción y de pronto utilizan a los niños como escudo, los llevan a las dragas y a los sectores donde están trabajando”, acusó Orrego.

¿Se ha perdido la soberanía en la frontera del Cenepa?

Orrego sostuvo que la ocupación criminal se traduce en una pérdida efectiva de autoridad estatal en sectores de la frontera. En su diagnóstico, las filtraciones en los operativos de la Policía Nacional y del Ejército —o la capacidad de la banda para anticipar acciones— han facilitado la impunidad de estas actividades. “La corrupción es difícil de frenar y eso no es reciente, viene de décadas. Prácticamente la soberanía del país aquí en la frontera del Cenepa, la hemos perdido”, zanjó.

El apu exigió respuestas inmediatas a las autoridades nacionales y a la comunidad diplomática: “los embajadores deben tener acciones concretas y de manera inmediata para poder instalar ahí el puesto de vigilancia”, demandó, reclamando medidas que recuperen presencia y control estatal en la zona.

El dirigente señaló además la vulnerabilidad de los jóvenes indígenas frente al adoctrinamiento de la banda, que habría desplazado la defensa del medio ambiente para instalar una narrativa contraria al Estado y favorable a las actividades ilegales. “Lo más indignante es que están adoctrinando a mis hermanos awajún con esta ideología”, lamentó, advirtiendo que ya nadie habla de la protección ambiental, sino de la desconfianza en el Gobierno y de la sensación de abandono.

La relevancia internacional del caso no es menor. La banda liderada por José Adolfo Macías Villamar (alias Fito), recientemente extraditado a Estados Unidos, ha sido señalada por vínculos con el cártel de Sinaloa y por el envío de cargamentos de cocaína, según denuncias públicas. 

Desde inicios de 2024 Los Choneros y otras organizaciones como Los Lobos fueron consideradas por el Gobierno ecuatoriano como organizaciones terroristas. Y este jueves, el Gobierno de Estados Unidos pasó a catalogar a Los Choneros y a Los Lobos como organizaciones terroristas tras una reunión en Quito entre el presidente Daniel Noboa y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

El contexto histórico del Cenepa —escenario de la guerra entre Ecuador y Perú en 1995— realza la gravedad de la denuncia: una región que hace tres décadas fue epicentro de un conflicto fronterizo hoy vuelve a ser foco de tensión por la presencia de actores armados no estatales. La exigencia de Orrego es clara: recuperación de la autoridad estatal, vigilancia efectiva en la frontera y protección de las comunidades indígenas frente a la minería ilegal y la influencia criminal.

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