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Registro de Infieles | Así se viralizó el archivo web y los riesgos del uso de datos
El Registro Nacional de Infieles no es un sistema oficial, sino un archivo colaborativo que circula en la web. Usuarios indeterminados lo alimentan
En las últimas horas se viralizó en Ecuador un supuesto Registro Nacional de Infieles, presentado como una base de datos donde cualquiera puede 'denunciar' a parejas, exparejas o conocidos. Aunque su nombre suena institucional, en realidad es un archivo colaborativo alojado en línea, construido con miles de aportes anónimos.
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A la par del trend, también circula una página web que intenta dar una apariencia de formalidad. Sin embargo, no pertenece a ninguna entidad oficial, no valida información y su disponibilidad es intermitente. Su existencia refuerza la confusión, pero no cambia la naturaleza del fenómeno: es viral, no institucional.

Así han sido los registros en el trend
Los usuarios que se sumaron al registro de manera espontánea, siguieron un mismo patrón. No es un trámite oficial, sino el flujo que popularizó la tendencia. Inicialmente, a través de redes como TikTok y X, accedieron a las URL donde estaban alojados los archivos. Allí encontraban un formulario que era diligenciado con datos específicos.
Uno de los aspectos clave es que, aunque se proporcionaban datos exactos de los supuestos infieles, como el nombre, la ciudad y su usuario de una red social en particular, quienes relataban los hechos lo hacían de manera anónima.
Los datos que pedían eran:
- Nombre o apodo de la persona,
- Ciudad o provincia,
- Ocupación,
- Relato breve de la supuesta infidelidad,
- No se solicita identidad del denunciante ni se validan datos.
Subieron 'pruebas' opcionales
Algunas versiones del formulario permitían adjuntar capturas de chats, fotografías o enlaces a redes sociales. Estas “pruebas” se publicaban tal cual las enviaban; no pasaban por verificación.
Finalmente, al presionar “enviar”, la información se replicaba en un documento matriz, una hoja colaborativa donde se mezclaron cientos de aportes. Ese archivo puede ser visto y descargado por cualquiera que tenga el enlace.
Muchos usuarios han vuelto a TikTok para mostrar que su registro ya aparece en la lista. Eso alimenta la tendencia, aumenta el tráfico al formulario y genera más contenidos.
¿Por qué se viralizó tan rápido?
El nombre llamativo, el efecto de anonimato y el morbo alrededor del tema hicieron que el trend explotara. La idea de un supuesto “registro nacional” despertó curiosidad, aunque detrás solo haya una hoja colaborativa.

Cada nuevo aporte estimula a otros a participar, creando un ciclo constante de viralización.
Lo que sí es claro hasta ahora:
- No es un registro oficial.
- No responde a ninguna institución pública.
- Funciona como archivo colaborativo.
- El formulario es anónimo y no verifica nada.
- El portal rni.com.ec no valida información y no identifica administradores.
- La viralidad depende totalmente de TikTok y X.
¿Hay consecuencias legales?
Aunque la conducta no alcance el ámbito penal, sí puede generar responsabilidades por otras vías. El derecho constitucional protege ámbitos como el honor, la reputación y la intimidad. Por ello, la persona afectada tiene herramientas jurídicas para reclamar y reparar el daño sufrido, algunas de estas contempladas en el Código Civil y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
Quienes comparten acusaciones o listas públicas deben tener presente que, aun sin riesgo penal directo por la infidelidad en sí, pueden enfrentar responsabilidades civiles y órdenes judiciales para la remoción de contenido. Además, la circulación masiva de datos personales o íntimos puede activar procedimientos administrativos o constitucionales destinados a la protección de derechos.
En Ecuador la creación o difusión de un “registro de infieles” no encuadra como delito penal por la naturaleza de los hechos que pretende exponer. Sin embargo, implica riesgos legales reales por vulneración de la intimidad, del honor y de la buena reputación, cuya defensa corresponde preferentemente a la vía civil y a mecanismos de protección constitucional.
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