Aunque la Ley de Solidaridad faculta al Estado a reutilizar las armas incautadas por la fuerza pública para fortalecer el combate contra el crimen organizado, en la práctica la mayoría de este armamento es destruido. Según cifras oficiales, más del 70 % de las armas, municiones y accesorios decomisados no cumplen con los requisitos técnicos para ser reutilizados por la Policía o las Fuerzas Armadas.

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El viernes 20 de junio, en total 1.198 armas de fuego (letales y no letales) fueron destruidas, junto a 4.086 municiones y 1.516 accesorios, en la planta de una acería ubicada en el Guasmo Central, al sur de Guayaquil.

El material fue fundido tras ser decomisado durante operativos realizados en el primer semestre de 2025. La mayoría de estos elementos estaban en poder de grupos de delincuencia organizada (GDO) como Los Tiguerones, Los Lobos y Los Choneros.

¿Cuántas armas se han destruido en los últimos cinco años?

La jornada fue encabezada por el contraalmirante Marco Rocafuerte Castro, director de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien afirmó que se trata del primer proceso de destrucción realizado este año. Un segundo lote, con una mayor cantidad de armamento, será destruido en septiembre.

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“No estamos aquí cumpliendo un acto administrativo, sino defendiendo la dignidad humana y el derecho a la vida”, aseveró Rocafuerte. Destacó que en los últimos cinco años han inutilizado más de 32.000 armas, evitando que vuelvan a manos criminales.

Un reporte de la Armada del Ecuador reveló que Azuay fue la provincia con mayor número de armas incautadas en el primer semestre del año, con 220 unidades. Le siguen Guayas (206), Manabí (180), Pichincha (180) y Santo Domingo (140).

¿Por qué no se reutilizan las armas incautadas a los grupos de delincuencia organizada?

Aunque la Ley de Solidaridad permite que las armas decomisadas sean reasignadas a la fuerza pública, este proceso depende de varios filtros judiciales y técnicos. Primero, el armamento debe ser liberado por las autoridades judiciales. Luego, pasa a una revisión técnica por parte de las Fuerzas Armadas.

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En este caso, solo el 30 % cumple con las condiciones físicas y calibres adecuados para ser incorporado al Bloque de Seguridad. “Muchas de estas armas están en mal estado o utilizan calibres que no son compatibles con los de uso oficial”, explicó Rocafuerte.

En cuanto a los trámites relacionados con la tenencia y porte de armas, hasta el viernes 27 de junio, el portal del Departamento de Control de Armas del Comando Conjunto mantenía un aviso en su página principal: “Se comunica a la ciudadanía en general que los trámites de porte y tenencia de arma tendrán un retraso en su aprobación, en vista de que se encuentran en mantenimiento mencionados módulos”.

El mensaje no precisa cuánto tiempo durará la suspensión.

El Experto| No se deben saltar pasos en el proceso

El abogado José Luis Salazar respalda el procedimiento que siguen las autoridades para el traspaso de armas incautadas a grupos criminales hacia las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Considera que se trata de un proceso correcto y necesario, pues primero se debe rastrear el origen del arma y comprobar si fue utilizada en hechos violentos, o si pertenece a un dueño legítimo.

“Es fundamental realizar las pericias correspondientes. Si se determina que el arma fue robada y existe una denuncia, lo correcto sería devolverla a su propietario”, explicó Salazar.

Una vez descartada esta posibilidad, las Fuerzas Armadas, a través del Centro de Control de Armas, deben verificar si el armamento es apto para uso oficial. No obstante, el abogado advierte que el proceso puede demorar debido a la limitada capacidad operativa del centro.

“El personal es escaso y debe atender cientos de solicitudes. Yo mismo ingresé un pedido para la creación de una ficha técnica hace más de un mes y sigo esperando respuesta. Imaginen cuánto puede tomar revisar decenas de armas incautadas a bandas criminales”, señaló.

Salazar añadió que son pocas las armas que cumplen los estándares técnicos y de seguridad para ser reutilizadas por la fuerza pública. “Un revólver oxidado o un rifle con municiones que no se usan oficialmente no sirven. Todo eso debe evaluarse antes de decidir si el arma se destruye o se transfiere”.

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