En enero de 2025, El Ministerio de Educación instauró el denominado Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo. Uno de estos tipos de violencia es la de índole sexual, ante la cual se requieren estrategias claras y continuas de prevención, según expertos. Y aunque ya se implementan acciones, hay puntos que se deben reforzar.

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Este año, en Quito y Guayaquil, hubo casos de este tipo que generaron conmoción. En la capital de la República, en junio, se reportaron situaciones de abuso sexual en una unidad educativa ubicada en el sector del Valle de los Chillos.

El mes pasado, en la urbe porteña, un pasante universitario fue aprehendido en una institución como sospechoso de acoso sexual.

De acuerdo con un estudio publicado en julio de 2024 por Human Rights Watch, organización no gubernamental internacional de derechos humanos, “en la última década, Ecuador ha registrado 6.438 casos de violencia sexual en el sistema educativo, perpetrados por docentes, autoridades escolares, otros miembros del personal escolar, conserjes y, a menudo, estudiantes, que han afectado a 7.303 niños, niñas y adolescentes”.

EXTRA consultó al Ministerio de Educación cuántos casos de este tipo se han detectado en 2025 a escala nacional, qué acciones se implementan en respuesta, bajo qué parámetros se evalúa al personal docente para detectar conductas de riesgo, y también si se aplica una medida similar en el caso de los pasantes. Hasta el cierre de este reportaje, no hubo una respuesta.

Sin embargo, en la página web de esta cartera de Estado, se informa que, para elaborar el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo, se realizó un diagnóstico territorial en 28 cantones del país (incluyendo también a Galápagos), cuya sistematización y resultados se desarrollaron con apoyo de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

“Se identificaron diversas formas de violencia en el ámbito educativo, incluyendo violencia física, psicológica, sexual, ciberacoso y violencia racial, con efectos nocivos en los estudiantes, como depresión, abandono escolar y problemas de socialización (...). El plan busca fortalecer las capacidades de prevención, detección, atención y reparación de la violencia mediante la capacitación de actores clave y la mejora en la coordinación entre las instituciones responsables del bienestar de los estudiantes”, se detalla en el portal web.

Evaluaciones, una estrategia

Los expertos consultados aseguran que una de las formas de prevenir estos actos -aunque no es un método infalible- es realizar evaluaciones psicológicas a quienes van a laborar o ya trabajan en los planteles educativos, para detectar posibles conductas de riesgo.

“La evaluación no me garantiza el 100%, no existe evidencia científica que permita identificar de una forma predictiva que alguien pueda abusar. Pero me permite explorar algunas aristas sobre conductas de control, de poder, relación con los otros, relación con los niños”, explica Rosaura Flores, psicóloga clínica y terapeuta familiar.

En el caso de los pasantes, Carlos Chimborazo Castillo, máster en Psicología de la Educación y docente universitario, señala que se debe considerar que son personas que aún no cuentan con las herramientas para tener la misma responsabilidad que un docente. Por tanto, una evaluación psicológica no debería ser un prerequisito, pero podría servir como un elemento para reducir riesgos.

“Muchos años fui director de DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) en una institución. Los departamentos de talento humano o los entornos que se encargan de poder asignar y revisar los candidatos, en primer lugar deben considerar una entrevista inicial, que es un espacio clave para ver las actitudes y el grado de responsabilidad que se le va a asignar a los pasantes”, señala.

Resalta que otros puntos indispensables son la revisión de antecedentes penales y, principalmente, que haya una sólida coordinación entre la universidad que envía al pasante y el plantel educativo que lo acoge para sus prácticas.

Advierte que, si entre ambas instituciones no hay lineamientos claros de las actividades y límites de los practicantes, podría haber situaciones de conflicto.

Capacitaciones, otra clave

Marcia Colmont, psicóloga clínica, terapeuta familiar y catedrática, recalca que, para trabajar en prevención, también es necesario que estudiantes reciban educación sexual integral, talleres y charlas que les permitan identificar conductas inapropiadas, tener claros los límites personales y las relaciones sociales saludables.

“Las capacitaciones también deben estar dirigidas al personal educativo, de tal forma que puedan detectar cuando un alumno está presentando síntomas de abuso. Hay cambios a nivel de comportamiento, de conducta, incluso académico”, acota.

Complementando aquella idea, Flores apunta a que los padres, igualmente, deben ser capacitados para que puedan no solo identificar cambios en sus hijos, sino además para que puedan conversar con ellos y brindarles confianza, lejos de temores y tabúes.

“Hace unos días entrevistaba a una niña de casi 12 años y no podía nombrar los glúteos. Allí hay una conducta de riesgo, porque no puede comunicarlo, no tiene esa naturalidad de conocer, identificar y hablar de su cuerpo. Si hay miedos, tabúes, no va a poder comunicar”, reflexiona.

Entorno seguro

Una arista que no se puede pasar por alto, según los expertos, es que en los planteles el personal del DECE tenga más interacción con los estudiantes, dándoles apertura para hablar. Que el departamento no sea visto solo como un lugar al cual van los alumnos con problemas de conducta, sino que cualquier chico puede acudir para hablar de lo que requiera.

Aquello va de la mano con fomentar una empatía entre estudiantes, para que puedan ayudarse entre sí. Flores citó como ejemplo un caso que conoció hace poco: una niña de 11 años le contó a una de sus compañeras que su padrastro abusó de ella. Su amiga alertó a una profesora y luego se contactó al padre de familia. Actualmente, el caso se investiga.

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