Bajo la mirada atenta de colectivos ciudadanos y organismos internacionales, el Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador reinició este viernes 20 de junio del 2025 el análisis de las reformas al Código de la Democracia, un texto que podría alterar las reglas de juego electorales para la próxima década.

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El proyecto, avalado previamente por la Comisión de Justicia, incluye ajustes profundos en cuatro ejes: 

• Mecanismos electorales
• Fiscalización del gasto en campañas
• Requisitos para la conformación de partidos y movimientos
• Método de distribución de curules

Estas reformas, impulsadas tras años de críticas por inequidades en el sistema, prometen redefinir el mapa político del país. El intento por resucitar el método D’Hondt usado en Ecuador hasta 2019 ha dividido aguas. Sus promotores alegan que corrige "distorsiones" del sistema Webster, mientras sus detractores advierten que concentraría el poder en manos de pocos.

La polarización en torno a la reforma electoral se ha hecho evidente con el alineamiento de fuerzas políticas en dos bloques claramente definidos. Mientras Revolución Ciudadana y ADN presentan un frente común a favor del sistema D'Hondt, el PSC ha emergido como voz crítica, advirtiendo sobre los riesgos de concentración de poder que podría generar esta modificación.

Esta división refleja tensiones más profundas en el sistema político ecuatoriano, donde se debate entre la búsqueda de gobernabilidad y la preservación de la representación de las minorías.

La intervención de Rosa Torres Asambleísta de ADN y presidenta de la Comisión de Justicia durante la sesión plenaria puso de manifiesto los argumentos técnicos detrás de la propuesta. La presidenta de la Comisión de Justicia no solo enfatizó los supuestos beneficios del D'Hondt en términos de representatividad, sino que también cuestionó los resultados del método Webster.

Al que responsabilizó de la fragmentación política reciente. "Estamos ante una oportunidad histórica para corregir las distorsiones del sistema actual, que ha permitido la irrupción de decenas de candidaturas sin respaldo ciudadano real", sostuvo Torres, marcando así el tono de lo que será un prolongado y complejo debate legislativo.

Reforma electoral: ¿Cómo regular el dinero y las sanciones en campañas?

El nuevo marco regulatorio busca enterrar las prácticas opacas en el financiamiento político. Bajo estas reglas, los partidos dispondrán de tres meses posteriores a las elecciones para auditar y reportar cada centavo gastado, con la amenaza de sanciones severas si omiten información o falsean datos.

La creación de un doble filtro Consejo Nacional Electoral (CNE) más su unidad Antilavado pretende cerrar los vacíos que históricamente permitieron el ingreso de dinero negro a las campañas. Sin embargo, expertos advierten que el éxito dependerá de la capacidad técnica y autonomía real de estos organismos.

El catálogo de castigos marca un precedente, desde multas que podrían superar los $70,000 hasta la inhabilitación política temporal o permanente para infractores reincidentes. Pero la medida más disruptiva es la "cláusula anticorrupción", ningún cargo electo podrá mantenerse en funciones si se prueba que llegó al poder con dinero sucio.

Esta disposición, aunque polémica, refleja el malestar social ante casos emblemáticos de candidatos vinculados a narcotráfico o contratistas fantasmas. La bancarización obligatoria y los formularios digitales buscan crear un rastro electrónico infalsificable. A diferencia del sistema actual donde persistían los aportes en efectivo y las triangulaciones.

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