El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, viajó este viernes 13 de junio de 2025 a Quito para asistir a la audiencia preparatoria de juicio en el caso conocido como Triple A.

Está procesado por el presunto delito de comercialización ilegal de combustible, y la diligencia se desarrolla en el Complejo Judicial Norte.

“Yo estoy esperando que el fiscal presente las pruebas que destruyen su teoría y al final veremos (...) Lo importante es que estoy dando la cara. No sé cuántas veces ha pasado esto en la historia del Ecuador. El alcalde de Guayaquil, denunciado injustamente, vinculado injustamente, procesado, está aquí, físicamente, en Quito, en el Complejo Judicial Norte, dando la cara, respondiendo como tiene que ser”, declaró Álvarez a su llegada.

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Está previsto que la audiencia se extienda durante seis jornadas, divididas en dos bloques: del 13 al 15 de junio y del 20 al 22 de junio, según dispuso el juez Renán Andrade.

Durante el desarrollo del proceso también se deberá resolver un pedido del fiscal Carlos Alarcón para cambiar las medidas cautelares impuestas al alcalde, debido a que este se negó a colocarse el grillete electrónico.

¿En qué consiste el caso Triple A?

La Fiscalía investiga un presunto delito relacionado con el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de derivados de hidrocarburos, especialmente diésel subsidiado.

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Según fuentes oficiales, existen inconsistencias entre el volumen de diésel despachado y facturado, lo que sugiere un posible desvío hacia zonas fronterizas y mineras, donde este tipo de combustible no debería llegar.

El proceso penal involucra a 15 personas naturales —entre ellas, Álvarez— y a seis empresas presuntamente vinculadas, como Copedesa y Corpalubri.

Antecedentes judiciales

La causa se inició en julio de 2024, tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, lo que derivó en allanamientos en Guayaquil y Milagro.

En diciembre de ese año se formularon cargos contra cinco personas y cinco empresas. Aunque el fiscal solicitó prisión preventiva, el juez optó por dictar medidas alternativas.

En abril de 2025 se vinculó a Álvarez y a otros diez sospechosos más. La audiencia preparatoria fue convocada inicialmente en mayo, pero se suspendió por la falta de varios documentos en el expediente judicial.

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