Tres meses antes de su muerte, Ericka Beatriz Vera Párraga, la joven que fue aplastada por un contenedor el martes 24 de junio en la vía Perimetral, en Guayaquil, estuvo internada durante 16 días en una clínica de rehabilitación para personas con adicciones. Tenía 24 años y, según su madre, Lidia Párraga, le había prometido que dejaría de consumir drogas, que lo haría por ella y, sobre todo, por sus hijos.

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Sin embargo, su proceso fue interrumpido. De acuerdo con el testimonio de su madre, Ericka fue expulsada del centro debido a su mal comportamiento. “Ella se portó malcriada a propósito para que la sacaran. Luego volvió a consumir”, lamentó Párraga.

“Yo le decía: ‘Mija, cambia, no lo hagas por mí, hazlo por tus hijos’. Lastimosamente, ahora está muerta y sus niños están en una casa de acogida. Después del sepelio, la Policía de la Dinapen le retiró a los dos hijos mayores a mi yerno, seguramente por sus problemas de adicción”, relató entre lágrimas.

La mujer manifestó su deseo de que los menores puedan ser criados por ella y por otros familiares maternos, con el fin de que crezcan dentro del entorno familiar y junto a su hermanita de ocho meses, quien está bajo el cuidado de un tío y su esposa.

“Nosotros nos enteramos que se los quitaron por un video que mi yerno grabó y subió a redes sociales, en el que cuenta que los policías le retiran a sus hijos. La bebé desde que nació está con mi otro hijo, porque mi hija, por sus problemas de consumo, no quiso hacerse cargo de ella”, explicó.

En una casa de acogida

EXTRA se contactó con el mayor Galo Mancero, jefe de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), quien explicó que la medida de institucionalizar a los menores se tomó ante la imposibilidad de dejarlos bajo el cuidado de familiares, tanto maternos como paternos.

“La familia materna no ofrecía condiciones adecuadas, y el padre de los niños atraviesa un serio problema de adicción. El entorno no era el más apropiado. Incluso había disputas internas: unos querían llevarse a un niño, otros al otro. No podíamos permitir que fueran tratados como objetos”, expresó Mancero. Añadió que, en función del interés superior de los menores, la decisión más adecuada fue ingresarlos a una fundación.

En cuanto a la bebé de ocho meses, quien no fue reconocida legalmente por el padre, el oficial indicó que permanece con un tío materno, pero que su situación también será evaluada por un juez.

Sobre el padre, Mancero señaló que ha mantenido contacto con él y lo exhortó a iniciar un proceso de recuperación. “Se puso a llorar y me aseguró que buscará ayuda. Me dijo que ya ha estado en tratamiento antes y que conoce los tiempos en los que las sustancias permanecen en su cuerpo. Pero le dejé claro que no basta con estar limpio un mes; debe demostrar estabilidad sostenida en el tiempo si desea recuperar a sus hijos”, sostuvo el oficial.

El mayor Mancero reiteró que, por ahora, los menores no serán separados ni dados en adopción, y que cualquier decisión definitiva dependerá del juez de la causa. “Nuestra obligación es garantizar su bienestar. Buscamos que crezcan en un entorno seguro, con acceso a salud, educación, alimentación y afecto. Lo que debe primar siempre es el interés superior del niño”, concluyó. 

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