Ecuador recibirá préstamo de USD 400 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a reducir la violencia criminal, el lavado de activos y otras actividades ilícitas. El préstamo se entregará bajo la modalidad de Préstamo Programático en Apoyo de Reformas de Política (PBP), bajo una guía basada en evidencia y en coordinación interinstitucional.

Entre los principales objetivos de la iniciativa están: prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos criminales; modernizar los servicios policiales con un modelo territorial; combatir el lavado de activos y recuperar bienes de origen ilícito; y enfrentar la minería ilegal a través de marcos normativos específicos.

Se contempla, por ejemplo, la aprobación de una estrategia nacional para prevenir el reclutamiento de menores, así como la implementación de un protocolo de protección para niños y adolescentes migrantes. En este último punto, el programa prevé medidas como un procedimiento de regularización migratoria para menores no acompañados y acciones contra el tráfico ilícito de migrantes.

¿Qué incluye el plan?

El plan incluye la promulgación de una nueva ley contra el lavado de activos alineada con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), además de la creación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero. También, el uso de herramientas como la Notificación Plateada de INTERPOL para la recuperación de activos en el extranjero, y el sistema REBEFICS, que permite identificar a los verdaderos beneficiarios de empresas fachada.

(Te puede interesar: ¿Quién es el agente de tránsito de Manta que protegía a alias Fito?)

“Esta operación […] propone una respuesta integral, multisectorial y basada en evidencia, que incluye la creación de nuevos marcos normativos, mecanismos de coordinación interinstitucional, estrategias de intervención y herramientas de trazabilidad y control de activos ilícitos”, informó el BID.

De acuerdo con los objetivos del proyecto, se espera que hacia 2027 se reduzca la tasa promedio de homicidios en 23 cantones vulnerables del país, pasando de 73,9 a 66,6 por cada 100.000 habitantes. También se prevé un aumento del 10 % en la percepción de seguridad en las comunidades educativas beneficiadas.

La población incluye más de cinco millones de niños, niñas y adolescentes, así como estudiantes de 1.785 escuelas localizadas en zonas de alto riesgo de reclutamiento. 

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!