La fuga de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, cabecilla de Los Águilas, un brazo armado de Los Choneros, no solo volvió a exponer las grietas en el sistema penitenciario, sino que también abrió un polémico frente jurídico y ético con el anuncio de una recompensa de un millón de dólares por su captura, incluso si es entregado sin vida.

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El hecho, que ya dejó 22 procesados (19 militares, dos guías penitenciarios y un reo), desató críticas por un posible vacío legal, alertas sobre redes de protección dentro del Estado y advertencias de que esta medida (al incluir a policías y militares como posibles beneficiarios) podría desencadenar una peligrosa “cacería” fuera de control.

Kléber Carrión, exoficial de Inteligencia, habla sobre un "vacío legal"

La noche del domingo 22 de junio de 2025, los ministros Gian Carlo Loffredo, de Defensa, y John Reimberg, del Interior, anunciaron un plan de recompensas, el cual ha sido analizado por expertos consultados por EXTRA.

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El exoficial de inteligencia policial Kléber Carrión contextualizó que este anuncio se da en medio de una declaratoria de conflicto armado interno, pero sin que haya entrado aún en vigencia un marco jurídico concreto.

Desde su perspectiva, el país enfrenta un vacío legal. “Estamos en un régimen que no está aún del todo normado. El anuncio carece de sustento legal claro y puede generar problemas futuros”, advirtió. Dijo que posiblemente se busque amparar esta acción en la Ley de Inteligencia, mediante el uso de fondos reservados, pero cuestionó la opacidad con la que se estaría procediendo.

Además, alertó sobre la activación masiva de uniformados bajo un modelo de “cacería de recompensas” que puede desvirtuar sus funciones y generar conflictos dentro de la cadena de mando. “¿Quién recibe la recompensa? ¿El que entrega la información, el que lidera el operativo o la tropa que ejecuta?”, se preguntó. Y añadió: “Por dinero, oficiales y tropa podrían entrar en fricción. Hay que tener mucho cuidado”.

Para Carrión, este tipo de medidas sin sustento claro pueden desencadenar demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con consecuencias que terminará pagando todo el país.

Opina Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado

El director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera, identificó dos riesgos claves.

Primero, advirtió que funcionarios podrían usar herramientas estatales de inteligencia para beneficio personal, lo que no solo rompe el principio de legalidad, sino que también puede derivar en redes de protección criminal desde dentro del Estado. “Si eso no queda dentro de un registro judicial, se puede generar un efecto búmeran mayor”, dijo.

Segundo, recordó que ya existen antecedentes graves en la región. En Colombia, por ejemplo, el plan de recompensas terminó en escándalos por ‘falsos positivos’, con agentes usando intermediarios para cobrar recompensas.

“Es una medida que ha perdido eficacia. Hoy existen recursos tecnológicos mucho más eficientes. Esto parece responder más a una necesidad política que a una estrategia real de desarticulación”, sentenció.

El analista político Mauricio Alarcón precisa detalles sobre el plan

El analista político Mauricio Alarcón explicó que el sistema de recompensas en Ecuador existe desde 2011, pero históricamente excluía a policías y militares, precisamente porque estas capturas se dan como parte de sus funciones.

“Ahora, el anuncio introduce un cambio importante. Si no se establecen reglas claras, esto puede derivar en una cacería fuera de control”. Añadió que incluso si la participación ocurre fuera del horario laboral, sigue habiendo una zona gris peligrosa en cuanto a responsabilidades y reparto de méritos.

También pidió tener cuidado en cuanto al nivel de exposición de quienes colaboren con información. “Los denunciantes ya no serían anónimos. Si alguien da datos sobre un objetivo como Fede, lo hará con nombre y apellido para cobrar. Y eso lo expone, más aún si no hay garantías de protección real”, señaló.

Para Alarcón, no se puede ignorar que organizaciones criminales, como aquella que lidera Fede, tienen tentáculos dentro de las instituciones del Estado. “Prueba de eso es que su fuga ocurrió con complicidad de elementos de las fuerzas del orden”, manifestó.

Nelson Yépez, experto en Seguridad, valida el anuncio

Desde una visión más favorable, el experto en seguridad Nelson Yépez respaldó el anuncio, señalando que Fede no solo representa un reto criminal, sino una afrenta directa al Estado. “Está haciendo ver una supuesta debilidad de nuestras fuerzas. En un país que vive un conflicto, cualquier decisión a favor de la sociedad y en contra del delincuente es válida”, sostuvo.

Yépez valoró que ahora los propios policías puedan recibir directamente la recompensa, sin intermediarios. “Tenemos una Policía y unas Fuerzas Armadas profesionalizadas. Actuarán con responsabilidad y respeto a los derechos de la ciudadanía, no a los de la delincuencia”, concluyó.

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