"Luego de las primeras alegaciones por parte de los sujetos procesales, el juez suspende la audiencia preparatoria de juicio, debido a que existe información que está siendo ingresada al expediente y no ha sido revisada", publicó la mañana de este 27 de mayo la Fiscalía General de Ecuador informando sobre la audiencia que se adelantaba por el caso Triple A contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

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En efecto, el mandatario fue citado al Complejo Judicial Norte de Quito para la instalación de la audiencia preparatoria de juicio en su contra por la supuesta participación en un aparente entramado dedicado a la venta irregular de combustibles.

Según la teoría del caso, las empresas involucradas, entre ellas Copedesa S.A., propiedad de la familia de Álvarez, habrían participado en una red de distribución ilícita que causó un perjuicio económico al Estado ecuatoriano.

Nuevo abogado de Aquiles Álvarez

La diligencia de este martes de ha aplazado en varias ocasiones e incluso el alcalde de Guayaquil ha cambiado en tres ocasiones a su defensa, lo que ha generado la dilación del proceso. De hecho, Álvarez compareció esta vez con un nuevo equipo legal, encabezado por el abogado penalista y constitucionalista Ramiro García Falconí, quien fue designado como su defensor técnico el 25 de mayo. 

El juez Renán Andrade, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, preside la audiencia. Se espera que al finalizar esta etapa se determine si el caso avanza a juicio.

La Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil es incluso ya se ordenó el uso del grillete electrónico para Álvarez. Este último alegó padecer una enfermedad cardiaca que le impide usarlo e incluso ya pidió que esta medida sea retirada.

¿Qué es el caso Triple A?

El caso conocido como Triple A (Adquisición, Almacenamiento y Abastecimiento) es una investigación penal que involucra a varias empresas y personas naturales señaladas por su presunta participación en una red dedicada a la venta ilegal de combustibles subsidiados en Ecuador. 

Según la Fiscalía, a través de contratos con Petroecuador, las compañías implicadas habrían suministrado diésel a estaciones de servicio que lo distribuían de manera irregular, principalmente en zonas fronterizas y mineras, generando un daño económico al Estado.

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