Desde el 26 de junio de 2025 rige en Ecuador la Ley de Integridad Pública, una normativa que ha generado debate por los múltiples cambios que introduce, en especial en el sistema de compras públicas. 

(Te puede interesar: Grupo delictivo vinculado al robo de ganado fue detenido en Pichincha)

Aunque la iniciativa legislativa fue planteada originalmente por el presidente Daniel Noboa con el fin de corregir fallas en los procesos de contratación del Estado, su alcance se amplió e incluyó modificaciones a otras leyes, como la del Servicio Público, lo que provocó diversas reacciones.

La Contraloría General del Estado indico que únicamente se procesarán los informes de pertinencia correspondientes a procesos de contratación cuya etapa preparatoria haya comenzado hasta el 26 de junio de 2025. En un comunicado oficial, la entidad exhortó tanto a las instituciones sujetas al ámbito de la Ley de Integridad Pública como a la ciudadanía en general para que respeten y apliquen las directrices establecidas. 

Ley de Integridad Pública empezó como reforma parcial

Aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio de 2025, la Ley de Integridad Pública surgió como un proyecto económico urgente propuesto por el presidente Noboa, con el objetivo inicial de introducir reformas en la Ley de Contratación Pública. 

Sin embargo, el tratamiento legislativo en la Comisión de Desarrollo Económico llevó a una ampliación significativa del contenido. Finalmente, la ley abarcó modificaciones en al menos veinte normativas diferentes, incluyendo temas relacionados con justicia, finanzas, servicio público, infancia y adolescencia, entre otros.

Entre los cambios clave que contempla la Ley de Integridad Pública se encuentra la derogación del artículo 22.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, un punto que marca una transformación en las reglas aplicables a los procesos de contratación estatal..

Además, la Contraloría ha subrayado que esta nueva normativa también introduce reformas al artículo 18.1 de su Ley Orgánica, lo cual repercute directamente en su rol dentro del sistema de control fiscal. Pese a que la normativa elimina la exigencia de emitir informes previos, la Contraloría General  conservará sus atribuciones constitucionales relacionadas con la supervisión del gasto público. 

En este marco, la entidad continuará aplicando mecanismos de control posterior para asegurar la legalidad y eficiencia en el manejo de los fondos estatales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete a EXTRA!