En una sala cargada de tensión, los asambleístas empezaron con 40 minutos de retraso la sesión sobre la muerte de decenas de recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, mientras afuera invitados de la presidenta Viviana Veloz quedaban sin poder entrar.

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La tarde de este 12 de agosto, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes retomó su proceso de fiscalización por la mortalidad neonatal. Con apenas ocho asambleístas, se alcanzó el quórum legal y Veloz abrió la sesión lanzando un mensaje frontal: “Esto es una crisis nacional que no podemos maquillar con estadísticas”.

Entre los convocados estaban el fiscal general Wilson Toainga, el contralor Mauricio Torres, representantes de la Defensoría del Pueblo y delegados del Ministerio de Salud Pública (MSP). El ministro de Salud Jimmy Martin no llegó. En su lugar envió un oficio excusándose porque debía cumplir “actividades en el Hospital Universitario”.

Horas antes, desde ese mismo hospital, Martin dio una rueda de prensa para rechazar las cifras difundidas: “La cifra de 18 neonatos fallecidos es falsa. En julio confirmamos dos casos vinculados a la bacteria KPC y actuamos con decisión, activando todos los protocolos para proteger la vida y la salud de nuestros pacientes”.

En su representación, el viceministro Bernardo Darquea y otros funcionarios del MSP asistieron a la Comisión. Esto encendió el reclamo de Veloz: “Enviar a otros funcionarios y no venir él es no asumir la responsabilidad en salud pública del país”.

Cifras oficiales y discrepancias respecto a los neonatos

Darquea detalló que entre enero y agosto de 2025 murieron 75 neonatos en el Hospital Universitario, 28 en el hospital Monte Sinaí y 27 en el Matilde Hidalgo. Agregó que la tasa nacional de mortalidad neonatal es de 5,8 por cada mil nacidos vivos, lo que —aseguró— representa una mejora frente a años anteriores.

Pero Veloz insistió en que las cifras nacionales esconden los casos más graves: “Nos quieren maquillar con cifras globales para no responder de los datos específicos del Hospital Universitario y Monte Sinaí”.

El viceministro informó que se abrió un expediente administrativo y que la directora de patrocinio dará respuesta. La abogada Amaranta Andrade añadió que ya se activaron alertas epidemiológicas y se entregó información a la Fiscalía para la investigación.

El asambleísta Rubén Barberán (RC) cuestionó la credibilidad de las cifras y denunció que desde 2024 no se han autorizado procesos para adquirir insumos médicos: “Aquí está la negligencia, la incapacidad o la mala fe. La insensibilidad de un Gobierno miserable que prioriza el pago de la deuda externa al pago de la deuda social”.

Por su parte, la asambleísta por Pichincha Dina Farinango advirtió que la crisis no se limita a Guayaquil: “Muchas personas mueren en los hospitales por la falta de medicamentos, insumos y atención de calidad”, señaló, criticando la ausencia de datos claros y la poca prioridad que el Gobierno da a la salud pública.

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