Reinaldo Rodríguez le había dicho a su madre que la construcción en la que empezó a trabajar no contaba con las seguridades necesarias.

Días después, el 19 de enero de este año, la estructura se desplomó matándolo a él y a otros dos obreros. Cuatro más salieron heridos.

Desde el suceso su hermano mayor, Marcos, y los familiares de las otras víctimas han presionado a la Fiscalía para que investigara el caso y determinara responsables. El proceso es indagado por el delito de homicidio culposo.

Sin embargo, los contratistas y subcontratistas de la obra, quienes debían presentarse esta semana a dar su versión, no lo hicieron. Es la segunda ocasión que no acuden a la diligencia. La tercera serán llamados con la fuerza pública.

Esto ha provocado incertidumbre en los parientes. Ante eso, la jurista Johanna Orbe comentó que lo mejor es que los familiares contraten a un abogado para que impulsen la causa, porque “lamentablemente la Fiscalía, en muchas ocasiones, solo actúa por petición de parte”.

El problema para los allegados de las víctimas es que no tienen dinero.

María Isabel Suntaxi, esposa del obrero Carlos Rodríguez, otro fallecido en Puembo, dejó de trabajar para dedicarse a buscar la verdad del caso.

Ella lleva a una de sus dos hijas, de 4 meses, a los plantones que realizan afuera de la Fiscalía para, de alguna forma, presionar a las autoridades. “Ver a mis hijas me da fuerzas para luchar”, precisa.

Suntaxi añadió que el contratista de la obra nunca dio la cara y tampoco les ayudó en los gastos funerarios.

Entre la vida y la muerte

En otro caso, los dos menores que se accidentaron tras caer de un juego mecánico en Caupicho, sur de Quito, el 11 de marzo, continúan en el hospital Baca Ortiz luchando por su vida. La chica sigue en terapia intensiva y le operaron la columna, el cráneo y el cuello. Mientras que al joven ya lo sacaron de cuidados intensivos.

Sus padres también están preocupados porque no asoma el dueño del parque de diversiones. Esta semana se realizarán las pericias en los juegos para determinar si cumplían con los requisitos de seguridad y mantenimiento.

¿Quién controla?

En el caso del parque de diversiones, el propietario no había tenido los permisos necesarios para su funcionamiento. Según la Administración Zonal de Quitumbe, ni siquiera se había acercado a solicitar los requisitos. Mientras tanto, en el suceso de Puembo, no tenía algunos informes que certificaran el material que iban a utilizar para la construcción.

Esta omisión podría ser la causa de que hayan ocurrido los accidentes, pero deberán ser probados en juicio.

Sixto Heras, director de riesgos de la Secretaría de Seguridad, señaló que la responsabilidad penal recae en los propietarios de las empresas.

Añadió que en el caso de Puembo pudo haber existido una omisión de certificados o quizás se faltó a la verdad. Por estos errores debe responder el profesional que firmó los permisos que fueron otorgados.

En el accidente de Caupicho, en cambio, dijo que se hacen operativos e inspecciones para controlar un acto de espectáculo y solicitar la documentación de su estado y mantenimiento.

Ante esto, Heras dijo que están creando un apartado dentro de su página institucional en el cual la ciudadanía podrá acceder a los documentos y permisos que avalarán el funcionamiento de un centro de diversiones como ese.