Pese a las pruebas testimoniales, documentales y periciales que demostraban que los acusados participaban activamente en una red internacional de tráfico de migrantes hacia Estados Unidos, la cual utiliza pasos clandestinos para mover a los 'coyotes (migrantes ilegales)' de un país a otro, un juez negó el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía para Michael Damian P. Ch. y Ángel Rodolfo Ch. A., ecuatorianos miembros de la banda criminal.

Los dos ciudadanos fueron capturados por la Policía Nacional la madrugada del jueves 5 de junio de 2025, durante un allanamiento en la parroquia Pasa, a 17 kilómetros de la cabecera cantonal, Ambato, provincia de Tungurahua.

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Los detenidos, según las indagaciones, eran parte desde el año 2023 de una red que ofrecía llevar a migrantes hacia estados unidos a cambio de valores que iba de $ 8.000 a $ 15.000, que se debían pagar por adelantado.

Las capturas se dieron luego que una de las víctimas denunciara que había sido captada por la organización criminal y que luego de pagar $ 14.000 fue llevada primero por vía aérea a El Salvador y luego por tierra, a través de pasos clandestinos, a Guatemala y Honduras, hasta llegar a México.

En este país, ella y otros indocumentados debían utilizar un otro cruce irregular para entrar a Estados Unidos; sin embargo, los ‘coyoteros’ no cumplieron su palabra y los abandonaron a su suerte.

¿Cuál era el rol de los dos ecuatorianos detenidos en Ambato por tráfico de migrantes?

La investigación del caso determinó que los detenidos ecuatorianos eran encargados de captar, trasladar y dar instrucciones a los migrantes antes de partir. La red a la que pertenecían estaba en la mira de las autoridades estadounidenses, por eso se contó con la colaboración de la embajada y el Servicio de Seguridad Diplomática de ese país.

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Entre los elementos de convicción presentados ante el juez en la audiencia de formulación de cargos están: las versiones de los perjudicados, el reporte migratorio de la víctima, certificaciones bancarias de los depósitos hechos a los procesados, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, entre otros.

Sin embargo, el juez rechazó el pedido de prisión preventiva para los acusado y en cambio les impuso medidas sustitutivas: la presentación periódica en una unidad judicial, prohibición de salir del país y de enajenar bienes.

El delito de tráfico ilícito de migrantes está tipificado en el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal e impone una sanción privativa de libertad de entre siete y diez años.

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