En el marco de los operativos contra la minería ilegal en Ecuador, personal del Ejército ecuatoriano, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), intervino una zona de extracción ilícita en la provincia de Zamora Chinchipe. La operación tuvo lugar en la confluencia de los ríos Yacuambí y Zamora, sector afectado por actividades mineras que alteraron el cauce natural de estos cuerpos hídricos.

Durante el despliegue militar, las autoridades inhabilitaron maquinaria pesada y estructuras utilizadas para extraer oro de forma ilegal. El sitio intervenido presentaba signos evidentes de impacto ambiental, lo que motivó la intervención directa para suspender las operaciones ilegales.

Maquinaria, combustible y estructuras desactivadas

Como resultado del operativo fueron neutralizadas siete retroexcavadoras, 15 motores extractores de agua, diez clasificadoras de material aurífero tipo Z, cuatro campamentos temporales con capacidad para 30 personas cada uno, y más de 3.700 galones de diésel. Estas acciones se enmarcan dentro de los esfuerzos estatales para combatir el deterioro ambiental causado por actividades mineras sin control técnico ni legal.

Las Fuerzas Armadas señalaron que estas acciones buscan salvaguardar los recursos naturales y el cumplimiento de la normativa vigente. En un comunicado, el Ejército reiteró su “compromiso de mantenerse vigilante y firme en la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la ley”.

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Investigación y vigilancia en zonas afectadas

Las autoridades han señalado que la minería ilegal se concentra en sectores remotos, muchas veces de difícil acceso, e incluso dentro de áreas protegidas o zonas fronterizas. Esta situación facilita el transporte clandestino de minerales y complica los controles de seguridad.

Uno de los antecedentes más recientes que evidencia la gravedad del problema fue el ataque ocurrido el 9 de mayo en Alto Punino, provincia de Orellana, donde once militares fueron asesinados por un grupo armado identificado como “Comandos de la Frontera”. El hecho se produjo durante un operativo similar de control a actividades mineras ilegales. Este grupo, conformado por disidentes de las FARC, tiene vínculos con estructuras criminales que operan en la región andino-amazónica.

El Ejército ha señalado que las operaciones en la selva enfrentan dificultades por el terreno y las condiciones climáticas, lo que complica el avance militar. Para mejorar el reconocimiento del área, se ha implementado tecnología especializada como cámaras térmicas FLIR y sensores LiDAR. Además, se mantiene la coordinación con la Policía Nacional para identificar a posibles responsables, realizar investigaciones y controlar los accesos viales.

Estos esfuerzos forman parte de una estrategia nacional para frenar el avance de estructuras criminales que utilizan la minería ilegal como fuente de financiamiento, afectando tanto al medioambiente como a las comunidades locales.

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