La Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea Nacional el martes 24 de junio de 2025 como proyecto económico urgente, ha abierto un nuevo frente de debate en el país. Más allá de sus disposiciones para transparentar la contratación pública o mejorar la gestión institucional, ha sido uno de sus apartados —el que endurece penas para adolescentes vinculados al crimen organizado— el que ha provocado alertas inmediatas de organismos internacionales y expertos en derecho.

Unicef advierte que la ley vulnera derechos de adolescentes

Esa misma noche, Unicef difundió un pronunciamiento oficial en sus redes sociales. En el comunicado, expresó su preocupación por lo que calificó como “la incorporación de reformas regresivas al sistema de justicia penal juvenil que afectan gravemente a los adolescentes”.

(Te invitamos a leer: Brutal agresión a estudiante en Quito, analizada por fiscal: ¿Tentativa de asesinato?)

El organismo internacional recordó que Ecuador ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento que, según Unicef, tendría el mismo peso que la Constitución. “Este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad”, señaló. También advirtió que podrían “empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la posibilidad de reintegración para los adolescentes”.

Julio César Cueva: “Elevar penas no resuelve el problema”

El debate también ha escalado en el plano jurídico. El abogado constitucionalista Julio César Cueva, consultado por EXTRA, observó que el artículo referido al procesamiento de menores podría estar en conflicto directo con normas superiores. “Ya desde el momento en que Unicef te dice que está violando la Constitución y un convenio internacional de Naciones Unidas, ya tienes un problema”, señaló.

(Además: Agresión a estudiante en Quito: ¿Los que no ayudaron serán considerados cómplices?)

Para Cueva, el hecho de elevar las penas no resuelve el problema. “La pena tiene que tener una característica: que sea aplicada. Si no se aplica, es letra muerta”, expresó. También subrayó que muchos adolescentes llegan al crimen por contextos de pobreza y vulnerabilidad, y que el sistema actual no garantiza una verdadera rehabilitación. “Lo que tiene que haber realmente es un sistema que garantice una rehabilitación. No un régimen penitenciario, sino escolar”, propuso.

Centros juveniles: ¿rehabilitación o semillero criminal?

En su análisis, Cueva recordó que en varios centros juveniles del país ya se han registrado casos en los que bandas criminales continúan ejerciendo control, y que el encierro puede reforzar los vínculos entre los adolescentes y sus reclutadores. “Si lo vas a hacer como actualmente, simplemente estás dándole carne de cañón... (a los capos criminales)”, advirtió.

Mauricio Alarcón critica el uso de leyes urgentes para reformas penales

Desde otra óptica, el analista político Mauricio Alarcón llamó la atención sobre el procedimiento legislativo empleado. “Una ley de urgencia en materia económica no puede convertirse en un Frankenstein que aborde absolutamente todo”, dijo. A su juicio, esta ley —cuyo objetivo principal era mejorar la contratación pública— incluyó temas de justicia penal y regulación financiera que no corresponden con el carácter urgente que exige la Constitución para este tipo de proyectos.

Alarcón recalcó que Ecuador es signatario de convenciones internacionales con rango constitucional. “Sus disposiciones no pueden ser violadas por una ley, independientemente de que suenen atractivas o les guste a la ciudadanía”, indicó. Sobre el tratamiento penal a adolescentes, observó que, más allá de su popularidad, estas medidas podrían no ajustarse a los compromisos internacionales que el país ha asumido.

¿Y ahora qué? La ley espera la firma del Ejecutivo

Mientras tanto, la ley aguarda la sanción del Ejecutivo. Si no es vetada por el presidente Daniel Noboa, deberá ser publicada en el Registro Oficial para su entrada en vigencia. Entre tanto, las posturas ya están sobre la mesa. Unos celebran la firmeza de las nuevas sanciones. Otros miran con preocupación su impacto legal y social.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete a EXTRA!