Cristina Balcázar murió embarazada de ocho meses, el 25 de noviembre de 2020, día en que las calles de las principales ciudades de Ecuador se llenan de mujeres que exigen el fin de la violencia. María Ortiz, madre de Cristina, interpuso la denuncia en la Fiscalía de Santo Domingo. Después de once días de búsqueda, en esa ciudad se declaró el caso como femicidio. “El que asesinó a mi hija fue un militar en servicio activo”, recuerda.

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María afirma que el acusado enfrenta cargos en Perú por asesinato, intento de violación y uso de documentos falsos. “Dependiendo de lo que pase allá, se decide si se queda en Perú o viene acá extraditado”, indica.

Todos los días revive el recuerdo de su hija y de su cadáver, hallado en un terreno baldío tras haberse realizado un chequeo médico por su embarazo, al que la acompañó el padre del niño, asegura ella. La causa se mantiene abierta.

La abogada Mayra Tirira Rubio, autora del protocolo para investigar casos de femicidio en Ecuador, explica que uno de los principales nudos críticos que enfrentan estos crímenes en el país está en las investigaciones. “Las 24 horas posteriores a la muerte son claves. En los casos en que, como Fundación Surkuna, hemos acompañado, ocurre que, por prejuicio y falta de conocimiento, las autoridades no recogen todos los indicios necesarios. Por ejemplo, llegan a la escena del crimen y dicen que la víctima se ha suicidado”.

La obtención de pruebas es otro problema que enfrentan las denuncias por femicidio, añade Tirira. “En un caso de este tipo que llevamos, la Policía Nacional no recogió ni un solo indicio, ni siquiera el objeto con el que supuestamente la víctima se suicidó. La madre acudió a nosotras, como fundación, y nos dijo que el agresor ya la había apuñalado un mes antes. El caso estaba perdido porque no se pudo recuperar toda esa evidencia”, revela.

La abogada denuncia, además, que la Fiscalía no cuenta con el personal suficiente para realizar todas las investigaciones.

El protocolo nacional para investigar femicidios y otras muertes violentas de mujeres y niñas de la Fiscalía General del Estado establece que “la/el fiscal que tenga conocimiento de la muerte violenta de una mujer, adolescente o niña (…) deberá actuar con debida diligencia presumiendo que se trata de un femicidio. Posteriormente, las investigaciones podrán desvirtuar esta presunción de ser el caso”.

Mercedes Cedeño denunció en octubre de 2022 la muerte de su hija en el cantón Baba, Los Ríos. El proceso sigue en investigación. “El fiscal omitió el protocolo de muertes violentas, se perdieron las evidencias. El caso de mi hija se encuentra estancado, voy por el sexto fiscal”, dice Mercedes, envuelta en llanto y en los recuerdos del cadáver de su hija, que le entregaron desnudo. “Quieren disfrazar este crimen como accidente de tránsito, habiendo un informe de la forense donde dice que hay golpes previos”, lamenta.

Natalia Soto también denunció la muerte de su hija Nicole Méndez en abril de 2022. Nicole tenía una boleta de auxilio emitida dos meses antes. La encontraron ahogada en 50 centímetros de agua en una acequia del barrio Puntiatzhil, en el sector occidental del cantón Cayambe. “En la morgue me dijeron que había muerto por ingerir grandes cantidades de alcohol. Ellos sacaron su presunción sin haber investigado”.

Después de participar en marchas denunciando el crimen, el 6 de mayo el caso fue investigado como violencia basada en género. El fiscal que llevaba la causa fue destituido. En octubre de 2024 se formularon los cargos. “Él tiene difusión roja, está prófugo. Hay gente que me dice que está aquí en mi ciudad”, cuenta Natalia.

Madres que se unieron en busca de justicia

La madre de Evelyn Flores, Sandra Suárez, denunció la muerte de su hija en diciembre de 2023. Fue hallada muerta en su departamento. “Supuestamente la encontró el novio. Yo puse la denuncia porque él tenía las llaves del departamento. El juicio será el 26 de octubre de 2025. El caso fue difícil: la investigación previa duró un año. He tenido el apoyo de la Defensoría Pública, pero la piedra en el zapato es la Fiscalía, que se retrasa. Tuve un cambio de fiscal. El presunto femicida de mi hija lleva grillete electrónico como medida sustitutiva”.

Sandra forma parte de la Fundación Madres Coraje, un colectivo que agrupa 39 casos (en tres años de existencia) en los que las madres denuncian el femicidio de sus hijas. De estos, quince han logrado justicia, dice Anabel Campos. “Hemos logrado juzgamientos, extradiciones y capturas. Empecé buscando justicia y verdad por mi hija Valeria. Hace tres años conocí en los plantones en Quito a cinco madres. Hicimos marchas afuera de la Presidencia de la República, pero no encontrábamos respuesta. Luego fuimos a la Asamblea Nacional y hemos sostenido mesas de trabajo durante tres años”.

Su hija Valeria fue víctima de femicidio el 8 de octubre de 2019: la encontraron apuñalada en el sector de La Ladrillera, en el noroeste de Guayaquil. La mejor amiga de Valeria le confesó que su muerte no fue producto de un secuestro ni de un robo, sino un femicidio.

“Pusimos la denuncia el 12 de octubre. El 3 de enero de 2020 lo encontraron a él (Jean Paúl Galarza Pisco) como presunto femicida. En enero de 2025 lo extraditaron, fue juzgado y ahora está en la Cárcel 4 (Quito)”, rememora Anabel, quien cuida a su nieto de ocho años, el hijo que le dejó Valeria, y aún llora cada vez que está sola en su habitación.

Para obtener una sentencia condenatoria, Anabel asistió a 23 audiencias durante cinco años y nueve meses.

Femicidios se concentran en Guayas

Según datos del Consejo de la Judicatura, en 2014 se resolvieron 13 causas de femicidio y otras muertes violentas, y 15 quedaron en trámite; en 2020, se resolvieron 12 y 66 quedaron en trámite; en 2024, 4 fueron resueltas y 482 permanecieron en trámite; y en 2025, dos fueron resueltas y 477 siguen en trámite.

Datos de la Fundación Aldea dan cuenta de que en 2024 la provincia del Guayas registró el mayor número de víctimas de femicidio y otras muertes violentas, con 25 casos. Desde 2014 hasta 2024, la fundación registró 1.256 casos de femicidio.

El abogado Julián Pérez explica que estos casos son de materia penal y la mayoría se ventilan en la sede de la Judicatura de Albán Borja, en el norte de Guayaquil. “Esa unidad está hecha un desastre: o se suspenden audiencias porque la Unidad de Coordinación de Audiencias no coordina bien, o hay muy poco personal, o cambian a los jueces”.

El jurista dice que la ley no establece un límite para la suspensión de audiencias, que pueden cancelarse con un simple certificado médico presentado por una de las partes, y que para que una audiencia en sala se instale deben estar presentes tres jueces:

“Si falta uno, no se puede instalar la audiencia. Ya me ha pasado cinco veces en 2025, tanto en la Sala Penal como en la Civil”.

Ante una solicitud de información de EXTRA, la Fiscalía reconoce que el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales no tiene una variable que permita identificar de manera automática si, en las investigaciones por femicidio, se aplicó el protocolo nacional para investigar femicidios y otras muertes violentas de mujeres y niñas.

Según la información entregada, en 2015 se resolvieron 17 femicidios, mientras que en 2025 apenas uno ha llegado a resolución. Los datos oficiales también confirman que quienes fueron las parejas o exparejas siguen siendo los principales responsables de estos delitos contra las mujeres.

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