Un estruendo seguido de una humarada fue lo que alertó a una familia que parte de su casa se incendiaba, a las 06:30 del viernes 18 de marzo, en la calle Huancavilca, entre 18 y 19, en el suroeste de Guayaquil.

Jonathan Vera, uno de los residentes, contó que de inmediato sacó a su hijo, de apenas 2 meses, a su esposa y a su madre, para que se alejaran del riesgo. El hombre estaba preocupado, pero la sorpresa lo invadió cuando, al estar de pie frente su inmueble, descubrió que las llamas se habían concentrado en el segundo piso alto, sitio que no cuenta con cableado de energía eléctrica ni con objetos inflamables.

“Solo unas cosas viejas había ahí, como una cama, por ejemplo, nada que se pudiera incendiar, señaló.

Esa situación encendió las alarmas de él y de sus familiares, quienes ahora esperan que se investigue el origen del siniestro, pues -según afirman- no tienen enemigos ni han recibido algún tipo de amenaza.

En la última semana se reportaron tres hechos similares en el sur de la ciudad y, al menos en uno de esos casos, fue por una deuda que tenían los perjudicados, quienes tienen hijos menores de edad.

César Peña, fiscal multicompetente de Guayas, menciona que así como en ese último suceso, en cada hecho bajo esta modalidad existe la posibilidad de hacer daño a terceros, pero argumentó que, sin importar la situación, estos eventos se deben investigar como actos de terrorismo.

“La sanción para los responsables es de 10 a 13 años de privación de libertad y la Fiscalía puede iniciar de oficios estas investigaciones. Además, hay que tener claro que si hay muerte, podemos hablar de una pena acumulativa de hasta 40 años de prisión”, precisa.

Nelson Yépez, analista en Seguridad, coincide que cuando se dan este tipo de actos existe un riesgo alto de tener víctimas colaterales, pero sostiene que, por lo general, van dirigidos a alguien en específico, por diferentes motivos.

“Puede ser alguien que sea víctima de extorsión y que por no pagar un dinero lo amedrentan, o también una persona que quedó mal en su agrupación delictiva, sobre todo por casos de microtráfico de drogas, entre otras situaciones”, acota Yépez.

Él concluye que se debe hacer un plan estratégico de seguridad, entre entes del Estado, ciudadanía y empresas privadas. “Hay que hacer algo”, manifiesta.