La Corte Provincial de Justicia de Pichincha confirmó la sentencia de primera instancia emitida por la jueza Nubia Vera en diciembre de 2024, que concedió una acción de protección a la entonces vicepresidenta del Ecuador Verónica Abad.

El fallo anuló la suspensión de 150 días impuesta por el Ministerio de Trabajo ecuatoriano, esto se dio bajo el mandato de la Ministra Ivonne Núñez, al considerar que se violó sus derechos. A pesar de que el Ministerio apeló el fallo y solicitó la destitución de la jueza Vera por "error inexcusable".

Tribunal desestimó impugnación presentada por el Ministerio de Trabajo

En su decisión, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha respaldó el criterio de la Corte Constitucional, que previamente había establecido que los artículos del acuerdo ministerial usados para sancionar a Verónica Abad no eran aplicables a su condición de funcionaria de elección popular.

La resolución de Ruth Espinoza (directora de Recursos y Sumarios del Ministerio del Trabajo) carecía de competencia y, además, violó derechos fundamentales de Abad:

• Seguridad jurídica
• Debido proceso (falta de autoridad competente)
• Juez natural

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Fallo judicial tumba intento de declarar error inexcusable

El Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha evaluó la solicitud de destitución por "error inexcusable" presentada por la ministra del Trabajo Ivonne Núñez, contra la jueza Nubia Vera ante el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, el Tribunal determinó que:

• El recurso del Ministerio del Trabajo carece de fundamento, ya que la Corte Constitucional ya había establecido en una sentencia consultiva que el Ministerio no tenía competencia para iniciar un sumario administrativo o sancionar a la exvicepresidenta de la República.

• Se señaló que no les corresponde emitir una declaratoria jurisdiccional previa, sobre decisiones tomadas por la jueza Vera, ya que estas estaban relacionadas con la ejecución y cumplimiento de una sentencia constitucional.

• Por ello, se remitió al Ministerio del Trabajo que presente la solicitud directamente ante el órgano constitucional competente.

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