Desde Washington, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó este miércoles 6 de agosto que el régimen de Nicolás Maduro mantiene ocultos los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que el opositor Edmundo González Urrutia habría resultado vencedor. Además, sostiene vigente un sistema de represión ilegal que busca perpetuar su permanencia en el poder.

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La denuncia fue presentada por Gloria Monique de Mees, relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una sesión del Consejo Permanente del organismo regional.

A pesar de la gravedad del asunto, el secretario general Albert Ramdin no participó en la presentación. En su lugar, Sebastián Kraljevich, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, ofreció un discurso formal sin mayor profundidad.

La CIDH alerta sobre represión, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

Durante su intervención, Mees leyó un informe de cinco páginas que detalla la situación política y social actual en Venezuela. Según el documento, el régimen de Maduro encabeza un aparato represivo cuyo fin es evitar cualquier reclamo de la oposición.

“Más de un año después, el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado las actas necesarias para verificar los resultados que declaró a favor de Nicolás Maduro. Esta negativa a proporcionar incluso los datos electorales más básicos viola las leyes nacionales y las normas internacionales. Arroja una larga sombra sobre la credibilidad del proceso electoral y priva a los ciudadanos de su derecho a conocer la verdad sobre su voto".

Además, la relatora denunció que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones sin proceso legal.

“El propio Maduro declaró públicamente que más de 2.000 personas habían sido detenidas en relación con las protestas postelectorales. El fiscal general de Venezuela confirmó que 25 personas habían muerto en ese mismo contexto. De las 25 muertes documentadas, 24 fueron causadas por heridas de bala en la cabeza y el tórax, y una por una paliza mortal. Solo una víctima pertenecía a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); las demás eran todas civiles".

También se denunció la detención masiva de adolescentes, muchos de ellos provenientes de sectores vulnerables.

“Fue también el Estado el que admitió la detención de cientos de adolescentes, muchos de ellos procedentes de zonas de bajos ingresos, que fueron arrestados durante las manifestaciones o en operaciones selectivas denominadas por las autoridades «Operación Tun Tun»“.

“No hay justicia”: la impunidad persiste un año después

Un año después de los hechos, el informe asegura que no existen avances en justicia ni medidas que garanticen derechos para los detenidos. Por el contrario, se advierte que muchas detenciones se han transformado en desapariciones forzadas y arrestos arbitrarios prolongados.

“Un año después, no hay justicia, ni rendición de cuentas, ni se han tomado medidas significativas para investigar estas muertes o proteger los derechos de los que siguen detenidos. Muchas de las detenciones se han convertido en detenciones arbitrarias prolongadas y desapariciones forzadas. Decenas de presos políticos siguen recluidos sin acceso a asistencia letrada ni contacto con sus familias, en condiciones que pueden constituir tortura o trato inhumano".

La relatora también mencionó la represión contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

“Hemos recibido testimonios de primera mano de periodistas y profesionales de los medios de comunicación, tanto en el exilio como dentro de Venezuela, muchos de los cuales fueron detenidos arbitrariamente tras las protestas postelectorales, lo que refleja un patrón más amplio de represión”.

Finalmente, advirtió sobre la gravedad del colapso democrático en el país:

“La Comisión lleva mucho tiempo advirtiendo del colapso de la democracia en Venezuela: la erosión de los derechos humanos, el desmantelamiento del Estado de derecho y la ruptura de las instituciones democráticas. Hoy vemos cómo este colapso se manifiesta en un Estado que reprime la disidencia, silencia a la oposición y manipula las herramientas de la justicia para afianzar su propio poder”.

La comunidad internacional fija postura; Lula y aliados guardan silencio

Tras la exposición de la relatora Mees, varios países se manifestaron. El primero en intervenir fue el embajador argentino Carlos Cherniak, quien recordó el caso del gendarme argentino desaparecido Nahuel Gallo.

“Cuando una de las acciones sistemáticas de violación a los derechos humanos es la desaparición forzada de personas, el crimen no termina el día de la desaparición, sino que empieza y continúa sin solución de continuidad hasta estos días”, afirmó Cherniak.

“Seguramente, todos han escuchado nuestra denuncia respecto del ciudadano argentino Nahuel Gallo. Hay muchos Nahuel Gallo, como señalara la relatora, pero nosotros queremos ponerle nombre y apellido para que esta desaparición forzada no parezca como un número dentro de una estadística".

Luego, se sumaron las voces críticas de representantes de Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Perú, Guatemala y Ecuador, quienes expresaron su rechazo al régimen venezolano y su apoyo a la democracia en la región.

Por otro lado, países como México, Colombia y Bolivia decidieron no pronunciarse, manteniendo silencio diplomático. En el caso de Brasil, la representante del gobierno de Lula da Silva, uno de los aliados regionales de Maduro, invocó el principio de no injerencia en asuntos internos para evitar emitir una crítica directa al mandatario venezolano.

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