Este miércoles 27 de agosto, a las 10:00, la Corte Constitucional del Ecuador llevará a cabo la segunda audiencia pública para analizar demandas de inconstitucionalidad, enfocándose en la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP). 

La audiencia será presidida por el juez constitucional José Luis Terán Suárez y se discutirán dos artículos de la LOIP que se encuentran suspendidos.

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Aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio de 2025 y publicada en el Registro Oficial el 26 de junio, la LOIP ha suscitado críticas de gremios, sindicatos, juristas y organizaciones sociales. Hasta la fecha de la audiencia, se han presentado 26 demandas, lo que la convierte en la ley más cuestionada del actual gobierno de transición.

La LOIP tiene como objetivo reformar el sistema nacional de contratación pública, promover la transparencia institucional y combatir la corrupción en el sector público. Entre sus disposiciones se incluyen:

• Creación de un Registro Único de Proveedores con certificación obligatoria.
• Implementación de un Portal de Contratación Pública con trazabilidad y alertas tempranas.
• Reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), con incentivos económicos para jubilaciones a los 65 años.
• Disposiciones transitorias que exigen que ciertas cooperativas de ahorro y crédito se transformen en sociedades anónimas del sector financiero privado (actualmente suspendidas por la Corte Constitucional).

La ley se basa en principios de concurrencia, igualdad, sostenibilidad, transparencia y mejor valor por dinero, alineándose con compromisos internacionales como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Los demandantes que cuestionan la ley incluyen:

• La Unión Nacional de Educadores (UNE), que advierte sobre despidos arbitrarios.
• La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemje).
• La Federación de Servidores Universitarios y Politécnicos.
• La Asociación de Organismos del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse).
• El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Federación Médica Ecuatoriana y colectivos feministas como Mujeres por el Cambio.

Los demandantes sostienen que la LOIP infringe derechos laborales, el principio de unidad de materia y la autonomía de las instituciones, además de cuestionar la concentración de reformas penales, fiscales y administrativas en un solo proyecto de carácter económico urgente.

Los demandantes sostienen que la LOIP infringe derechos laborales, el principio de unidad de materia y la autonomía de las instituciones, además de cuestionar la concentración de reformas penales, fiscales y administrativas en un solo proyecto de carácter económico urgente.

En paralelo, organizaciones sociales han convocado un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional en Quito, desde las 09:30, para visibilizar el rechazo a la ley y exigir su declaración de inconstitucionalidad.

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