La Ley Orgánica de Inteligencia, que será sometida hoy a votación definitiva en la Asamblea Nacional, ha generado fuertes reacciones desde diversos sectores sociales y políticos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), junto a otras organizaciones, expresó su rechazo a la iniciativa, al considerar que esta legislación no responde a las necesidades reales de seguridad del país y que podría derivar en un sistema opaco y autoritario.

El proyecto será debatido en una sesión convocada por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, que comenzará este martes 10 de junio con tres jornadas planificadas. La primera de ellas se enfocará exclusivamente en discutir esta normativa, cuyo informe final fue aprobado el pasado sábado 7 de junio por la Comisión de Seguridad.

Críticas al contenido del proyecto

Según los colectivos que se han pronunciado, la propuesta legislativa permitiría al Estado acceder a datos personales y comunicaciones sin una orden judicial previa. Esto, según advirtieron, abriría la puerta a una vigilancia masiva e inconstitucional. A su vez, se cuestiona que la normativa exime de responsabilidades penales, civiles y administrativas a los agentes de inteligencia, lo que, en palabras de los firmantes, “genera un sistema paralelo fuera del Estado de derecho”.

Uno de los puntos más señalados es la posibilidad de exigir, sin garantías adecuadas, información a ciudadanos, empresas e instituciones. Esta obligatoriedad, indicaron, se aplicaría sin medidas de protección ni canales de oposición legal, lo que pondría en riesgo el derecho a la privacidad y a la confidencialidad de los datos.

Las organizaciones también alertaron sobre el uso de recursos públicos bajo la figura de "gastos reservados", sin fiscalización independiente ni auditorías externas. Esta práctica ya generó escándalos en el pasado, como ocurrió con la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN).

Asimismo, sostienen que el proyecto habilita al Ejecutivo a nombrar directamente a la máxima autoridad del sistema de inteligencia, sin establecer mecanismos de supervisión autónoma. A su juicio, esto abriría la posibilidad de utilizar políticamente estos organismos contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

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En el pronunciamiento conjunto, las organizaciones firmantes señalaron: “Este proyecto no combate la inseguridad: la profundiza”. Agregaron que la concentración de poder en temas de inteligencia y la falta de controles podrían agravar la violencia, en lugar de reducirla.

Reclamos y demandas

Entre las principales exigencias de los colectivos está el archivo inmediato del proyecto de ley y la convocatoria a un debate público, donde participen representantes de derechos humanos, periodistas, expertos en seguridad y miembros de la sociedad civil. Además, solicitan que cualquier política de inteligencia esté sujeta a controles democráticos, transparencia y respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

También hicieron un llamado urgente a la Superintendencia de Protección de Datos Personales para que se pronuncie sobre los posibles riesgos que implicaría permitir el acceso estatal a datos privados sin consentimiento.

En su declaración conjunta, enfatizaron: “No se combate la violencia entregando al Estado las herramientas para violar derechos. No hay seguridad sin democracia. No hay democracia sin control ciudadano. No a la impunidad”.

Debate legislativo previo

La Ley Orgánica de Inteligencia fue presentada por el Ejecutivo como parte de su estrategia para fortalecer el sistema de seguridad del país. Sin embargo, su tratamiento en la Asamblea ha estado rodeado de críticas desde su primer debate. 

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En la primera sesión del segundo debate, el oficialismo no logró los votos necesarios para aprobar la ley debido a las dudas expresadas desde distintas bancadas legislativas. A pesar de ello, el bloque oficialista ha insistido en su aprobación y se prevé que hoy se someta nuevamente a votación, a la espera de conseguir los respaldos requeridos en el Pleno.

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