La Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia, que regula por primera vez, de manera específica, el sistema de inteligencia estatal en Ecuador. El texto establece un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) con subsistemas en las Fuerzas Armadas, Policía, Aduanas, entre otras entidades, bajo control del Ejecutivo.

La ley permite acceder a información personal, técnica y en tiempo real (como ubicación, redes y conexiones) sin orden judicial, además de habilitar cuentas secretas para financiar estas operaciones. También exime de responsabilidad penal, civil y administrativa a los agentes de Inteligencia y obliga a instituciones públicas y privadas a entregar datos sin posibilidad de reserva.

¿Vigilancia total de parte del Estado?

Un análisis difundido el 9 de junio por el Observatorio a las Libertades Ciudadanas calificó a esta ley como un proyecto de “vigilancia total”, incompatible con el Estado de Derecho.

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El informe alerta que el sistema creado tendría amplias facultades discrecionales, sin controles judiciales ni participación ciudadana. Entre los artículos más críticos se encuentra el 9, que permite el uso de cuentas secretas y la incineración de registros por parte de la Contraloría; o los artículos del 48 al 52, que autorizan el acceso a datos sin orden judicial.

Según el Observatorio, se vulneran derechos como la privacidad, el debido proceso, la protección de datos y la igualdad ante la ley.

¿Riesgos con la nueva ley de Inteligencia?

Para Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), lo positivo es que se haya creado una norma que ordene el sistema. “Después de casi 10 años, es importante tener una ley que genere gobernanza en la inteligencia”, opinó.

No obstante, lamentó que no se haya incluido un subsistema de inteligencia penitenciaria, clave para enfrentar al crimen organizado desde las cárceles. También expresó preocupación por el acceso a información sin control judicial. “Parecería que se busca recabar la mayor cantidad de datos posible sin órdenes”.

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Otro punto crítico es el posible uso político del sistema. “Nuestro sistema de inteligencia está altamente politizado. Ese es el mayor riesgo. Ya lo hemos vivido en los últimos 15 años”, analizó. En cuanto a los fondos reservados, expresó que solo la Contraloría tendrá acceso, sin contrapesos legislativos, como sí ocurre en otros países.

Marco legal para labores de inteligencia

Kléber Carrión, exoficial de Inteligencia, considera que la existencia de esta ley es necesaria. “Hasta ahora, la actividad de inteligencia se hacía sin un marco legal, lo que generaba dificultades procesales”, argumentó.

Carrión mencionó que la ley buscaría integrar a los organismos de inteligencia bajo un sistema coordinado, lo cual podría corregir la dispersión institucional que existe. “Esto permitirá que la información obtenida sirva para políticas públicas y no solo para el ámbito judicial o represivo”, evaluó.

Corrupción: “Régimen de secreto”

El analista político Mauricio Alarcón advirtió que el contenido de la ley “no se ajusta al régimen constitucional vigente”. Indicó que el texto faculta a las entidades de inteligencia a intervenir comunicaciones sin autorización judicial y sin garantías para el ciudadano común.

“No se trata de proteger a delincuentes, sino de garantizar derechos. No hay debido proceso ni límites claros. Y además, se institucionaliza la opacidad”, dijo.

En cuanto al uso de fondos reservados, recordó que estos históricamente han servido para actos de corrupción y que la ley ahora permitiría incluso desaparecer los registros de esos gastos. “Se consagra un régimen de secreto sin trazabilidad ni controles independientes”, concluyó.

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