A pesar del discurso oficial, 303 autoridades reciben resguardo permanente. Expertos advierten sobre el uso excesivo de escoltas y el debilitamiento del sistema de protección en Ecuador.

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Seguridad en el país en duda 

Mientras el Gobierno de Ecuador insiste en que la seguridad ha mejorado, las cifras y los hechos muestran otra realidad. Según datos de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección (Dinpro) 303 funcionarios públicos tienen protección policial activa. ¿La razón? Son considerados personas en riesgo.

Esto incluye a ministros, fiscales, jueces, alcaldes, prefectos, gobernadores y hasta gerentes de hospitales públicos. 

Una lista que crece semana a semana y que pone en evidencia que, aunque se declare una baja en homicidios, la percepción y las amenazas reales contra las autoridades no disminuyen.

Los escoltas dejaron de ser un privilegio

En Ecuador, tener escolta ya no es sinónimo de alto rango, sino de alta exposición. Antes eran los presidentes, ministros del Interior y fiscales generales quienes contaban con seguridad personal. 

Hoy, el contexto de violencia ha obligado a extender esta protección a un abanico más amplio de funcionarios.

Desde 2019, el número de solicitudes se ha disparado, pero fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 el punto de quiebre. 

Tras su muerte, las peticiones se multiplicaron, pasando de un promedio de 100 solicitudes anuales a más de 1.400 en solo un año.

Una Dinpro desbordada 

La expansión del servicio ha generado una carga operativa sin precedentes para la Dinpro. Actualmente, 1.460 policías están dedicados exclusivamente a proteger a estas 303 personas, en detrimento de otros servicios de seguridad ciudadana.

Un agente de esta unidad especializada comenta que la Policía ha debido duplicar los cursos de formación en protección, con programas intensivos de defensa personal, conducción evasiva, inteligencia y primeros auxilios. En octubre de 2024, 288 agentes fueron capacitados en los cursos VIII y X de esta especialidad.

El dilema es evidente, y es: ¿estamos fortaleciendo un sistema de prevención o simplemente reaccionando ante una crisis prolongada e institucionalizada?

Riesgos de sobredimensionar la protección 

Expertos en seguridad alertan sobre los peligros de politizar o expandir sin control el uso de escoltas. El Manual de Protección a Dignatarios del Ministerio del Interior de España advierte que, si no se aplica bajo criterios técnicos rigurosos, la sobreprotección puede derivar en ineficiencia operativa y escasez de recursos, además de proyectar una falsa sensación de inseguridad generalizada.

Cada solicitud en Ecuador debe ser evaluada por la Policía Nacional, que determina el nivel de riesgo. Pero los criterios no siempre son públicos ni transparentes, y no hay información oficial sobre quién supervisa o revisa estos casos.

Un país lleno de violencia

A esto se suma otro dato inquietante: el primer semestre de 2025 ha sido el más violento desde 2010, con 4.557 muertes violentas registradas hasta junio, según la misma Policía Nacional. Esto pone en entredicho los mensajes oficiales que aseguran que “la seguridad ha mejorado”.

¿Tenemos un Estado fuerte o derrotado?

El contraste es claro, el Estado fortalece cárceles, despliega operativos, pero cada vez protege a más de sus propios funcionarios. 

La imagen que proyecta es la de un aparato público acorralado, obligado a protegerse a sí mismo mientras la ciudadanía queda a merced de una violencia persistente. Y aunque las autoridades insistan en los avances, la realidad muestra que el miedo también se ha institucionalizado.

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