Las recientes masacres en El Empalme y Playas no solo estremecen por su brutalidad, sino que evidencian un cambio profundo en la lógica operativa de las bandas criminales en Ecuador: el objetivo ya no es únicamente el enemigo, sino también cualquiera que esté cerca.

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En ambos ataques, las balas no discriminaron. Si bien se presume que los sicarios buscaban a una o dos personas específicas, la ejecución fue indiscriminada y dejó múltiples muertos, entre ellos menores de edad y adultos sin vínculos con actividades ilícitas ni antecedentes.

La criminóloga Daniela Valarezo Valdivieso cuestiona esa narrativa oficial: “Entonces, ¿de qué ajuste de cuentas hablamos?”, plantea con ironía ante las hipótesis iniciales de la Policía que catalogan a las víctimas como “colaterales”.

Para Valarezo, estas masacres reflejan una estrategia más compleja y estructurada que un simple enfrentamiento entre bandas rivales. “Es real que hay ajustes de cuentas, pero esto tiene que ver con extorsión, vacunas y la rentabilidad económica que actualmente trae la muerte de un ser humano”, afirma.

Según la experta, asesinar indiscriminadamente es también una una táctica para consolidar el control territorial a través del terror. “Lo que buscan es generar miedo para que la extorsión sea efectiva. Matar a inocentes envía un mensaje: nadie está a salvo si no paga”, advierte.

Y es que el dinero fácil ya no lo está siendo tanto para los ‘pillos’ en estos últimos meses. Según Valarezo, en el último año el precio del kilo de cocaína ha caído en el mercado internacional. “Pero en la muerte y la extorsión el ingreso es inmediato”, explica.

La fallida estrategia del Estado ante las masacres, según expertos

El fenómeno, dice la criminóloga, evidencia una falla estructural de inteligencia y estrategia por parte del Estado. “Si sabemos que los ‘Lobos’ están ingresando con fuerza al sur de Quito, o que las bandas migran a cantones desprotegidos, ¿por qué no hay una respuesta focalizada de investigación e inteligencia?”, cuestiona.

Con una fuerza policial que supera los 50 mil agentes en todo el país, resulta, en su opinión, inaceptable que no haya presencia estratégica en las zonas más vulnerables.

“Solo reaccionamos. El trabajo de prevención no existe, y eso es penoso. Respondemos con recompensas o con investigaciones, pero siempre después de que ya ocurrió la tragedia”, dice.

Desde una mirada más estructural, el experto en gobernabilidad y seguridad preventiva Edison Mafla advierte que la política estatal sigue anclada en un enfoque puramente coercitivo, dejando fuera alternativas clave para una verdadera prevención del delito.

Mafla considera que los gobiernos cantonales tienen un rol subestimado pero fundamental en la seguridad ciudadana. Los municipios, recuerda, tienen la potestad de conformar consejos cantonales de seguridad, pero estos deben ir más allá de lo formal.

“Necesitamos consejos cantonales que sean eficientes, que potencien la política pública de seguridad, sobre todo la preventiva. En ese marco estamos realmente reducidos, limitados y con alta deficiencia”, afirma.

Para Mafla, abordar la violencia sin considerar la planificación territorial y social es como analizar el problema “con una pata coja”. Propone que los municipios activen sistemas locales de información que permitan generar registros administrativos útiles para la toma de decisiones.

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