El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) inauguró la primera Unidad de Atención y Protección Emergente (APE) del país. Esta instalación comenzó a operar en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

Esto se da para atender situaciones urgentes que enfrentan menores de edad, especialmente en zonas de frontera, donde suelen registrarse casos relacionados con movilidad humana, abandono o violencia. Las unidades APE ofrecerán un espacio transitorio y seguro mientras se define una solución adecuada.

Atención transitoria

Desde marzo de 2025, el servicio APE se implementó en dos cantones fronterizos: Lago Agrio, en la región norte, y Huaquillas, en la provincia de El Oro, al sur del país. Ambos puntos fueron seleccionados por su cercanía a rutas migratorias y situaciones de riesgo detectadas en menores.

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Según la entidad, la operación de estas unidades cuenta con financiamiento de UNICEF, con una inversión anual de USD 237.563,72, y su implementación está a cargo de la organización humanitaria ADRA Ecuador.

Se dio a conocer que cada unidad tendrá capacidad para acoger temporalmente hasta 25 niñas, niños y adolescentes, de entre 0 y 17 años. Se trata de un servicio alternativo al acogimiento institucional, por lo que la estancia en estas unidades será limitada. A partir de agosto de 2025, el modelo se expandirá a ciudades más como Quito, Guayaquil y Cuenca.

Respuesta a recomendaciones internacionales

Durante la inauguración en Lago Agrio, el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, subrayó que este tipo de servicios responden a recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño, que plantea que la institucionalización debe ser el último recurso. 

En ese sentido, afirmó que la creación de servicios emergentes es clave para garantizar una atención digna y adecuada a menores en riesgo, sin recurrir de forma directa a hogares institucionales.

El representante adjunto de UNICEF en Ecuador, Juan Enrique Quiñónez, explicó que este servicio nació como una iniciativa de esa organización, en respuesta a las recomendaciones internacionales y a la crisis migratoria registrada en años anteriores en el país.

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