La creciente presencia de grupos criminales en Ecuador ha traído consigo una realidad que preocupa a la ciudadanía, siendo que cada vez más niños y adolescentes están siendo arrastrados a participar en delitos graves como extorsión, sicariato o tráfico de drogas. 

La noche del jueves 6 de junio se dio a conocer, mediante las redes sociales de la presidencia, que Daniel Noboa firmó un decreto que prioriza a nivel nacional la lucha contra el reclutamiento de menores por parte de bandas delictivas, intentando frenar el hecho de que organizaciones criminales se aprovechan de la falta de oportunidades para incorporar a menores a sus filas.

Un comité para coordinar la respuesta del Estado

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 21, firmado el 5 de junio de 2025, se formalizó la creación del Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, un espacio de coordinación entre 18 instituciones del Estado, encabezado por la Vicepresidencia de la República.

Este comité tendrá a su cargo el diseño, ejecución y seguimiento de políticas públicas destinadas a evitar que menores de edad sean utilizados por grupos armados o delictivos. Según establece el decreto, también podrá “formular, conocer, implementar y ejecutar políticas públicas, planes, programas y proyectos” enfocados en este objetivo.

¿Cómo funcionará?

El decreto especifica que todas las actividades serán financiadas con el presupuesto ya asignado a las instituciones participantes. Esto busca garantizar la aplicabilidad inmediata del comité sin generar presión adicional sobre las finanzas públicas.

El Ministerio de Economía y Finanzas deberá priorizar los fondos destinados a programas relacionados con esta política. Además, se establece que en un plazo máximo de 15 días desde la publicación del decreto se convocará la primera sesión del comité para aprobar su reglamento interno. Durante los seis meses siguientes, mantendrán reuniones mensuales.

Funciones principales del comité

El decreto también habilita la articulación con gobiernos locales, organizaciones sociales y actores internacionales, con el fin de ampliar el impacto de las intervenciones.

• Elaborar diagnósticos técnicos sobre la problemática.
• Desarrollar políticas enfocadas en los territorios más afectados.
• Impulsar campañas comunitarias de prevención y concientización.
• Proponer reformas legales y acuerdos interinstitucionales.
• Evaluar constantemente los resultados de las acciones emprendidas.

La norma se apoya en el marco legal vigente que contempla penas de hasta 16 años de cárcel para quienes involucren a menores en actividades delictivas, en especial si son obligados a participar en delitos como trata de personas, terrorismo o narcotráfico.

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