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El presunto asesino de Abigaíl Supliguicha trabajaba en la cárcel de Turi, ¿qué hacía?
Fiscalía enfatiza la responsabilidad del SNAI en el caso de Segundo Carlosama. El individuo, cuando gozaba de su prelibertad, laboraba en la prisión
Quien da vida y la quita es Dios, afirma un texto bíblico del primer libro de Samuel, pero en el caso de Segundo Federico Carlosama Espinosa, su liberación de la cárcel -que le dio vía libre para matar- y el hallazgo de su cadáver en prisión, habrían sido consecuencias de la acción del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
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La Fiscalía ha dejado claro este punto a través de dos comunicados. En el primero, emitido tras la detención del individuo, se detalla que si cumplía en libertad su condena por violación fue “por decisión del SNAI”, mientras que en el boletín difundido la mañana del sábado 18 de noviembre, después del hallazgo de su cuerpo, se enfatiza que él “estaba bajo responsabilidad del SNAI”.
El individuo, quien había sido procesado por la desaparición de la universitaria Ruth Abigaíl Supliguicha Carchi, de 18 años, estaba en la celda 2 del Centro de Detención Provisional (CDP) anexo a la cárcel de Turi, en Cuenca. Su cuerpo fue hallado colgado con una soga que rodeaba su cuello, aproximadamente a las 08:00, según confirmó el jefe encargado de la Unidad de Delitos Contra la Vida, mayor Juan Ruiz.
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El oficial precisó que para tener certeza de qué provocó el deceso de Segundo Carlosama “tendríamos que esperar el resultado del protocolo de autopsia, que es una prueba técnico científica que nos va a decir realmente la causa de la muerte y la circunstancia de lo que ha sucedido”. Al momento de su hallazgo, el sujeto vestía un buzo blanco, una camiseta roja y un pantalón jean, de color azul. Al consultar al mayor Ruiz si el cuerpo tenía evidencia de alguna lesión, reiteró que Criminalística se encargaría de ese análisis y de elaborar un informe que luego sería entregado a las autoridades.
Sueño truncado
- Karol Carchi, la mamá de Abigaíl, lamentó la falta de protección por parte de las autoridades. Ella cuestionó, incluso, que se las elige para “que nos cuiden, no para perder a los familiares”. Estas palabras, en medio del dolor y la impotencia que sentía, las dijo la madrugada de ayer cuando el cuerpo de su hija era retirado del Centro de Investigaciones Forenses de Cuenca, para su traslado a su natal Orellana. La madre explicó que Abigaíl era la mayor de sus tres hijos y que “tenía el sueño de superarse profesionalmente para junto a mí y sus dos hermanos, viajar por todo el mundo”.
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Impotencia
- Tatiana Nieto, compañera de Abigaíl en la Universidad de Cuenca, expresó que sentía “impotencia, enojo con la justicia”, además, recriminó que “un hombre enfermo y violador, que pagaba una condena por violación, haya obtenido la prelibertad, espacio en que volvió a delinquir y ahora haya matado a su víctima. Inconcebible”.
Laboraba en la cárcel
Por la supuesta buena conducta de Segundo Carlosama se dispuso su libertad en agosto de 2022. Sin embargo, no se habría alejado de la vida en prisión, no solo porque debía presentarse periódicamente a firmar una comparecencia, sino por que incluso trabajaba en este lugar.
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Dentro de los documentos de su proceso de prelibertad, el individuo solicitó a finales de octubre que le permitieran hacer sus presentaciones en la cárcel de Turi, porque trabajaba en ese lugar, específicamente en la panadería del área de Economato.
Casos sin resolver en la capital azuaya
- Marcela Alejandra Palacios Méndez, de 30 años, está desaparecida desde el 16 de septiembre. Fue vista por última vez en el sector La Uncovía. Su hermana Amanda cuenta que lo único que se sabe es que Marcela salió a una tienda cercana, pero no retornó. Sus cuatro hijos (9,7,5 y 1) son cuidados por sus familiares. A este hecho se suman 14 casos más, entre esos los de Linda Estefanía Montoya Flores y Hernán Andrés Hurtado Obregón.
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En Ecuador no se registra a violadores
- En 2019, la Corte Constitucional estableció que era inconstitucional el proyecto de ley que hubiera permitido hacer un registro de violadores, abusadores y agresores sexuales en el Ecuador. La resolución se basó en la premisa de que el sistema de rehabilitación debía garantizar la reinserción de una persona en la sociedad, evitando además la supuesta discriminación basada en el pasado judicial.
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