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Gobierno habría pedido la entrega del edificio de la Corte Constitucional.Archivo / EXTRA

¿Qué pasa con edificio de la Corte Constitucional? Gobierno habría pedido su entrega

Se notificó a la Corte Constitucional sobre la terminación del convenio de uso de su edificio, pero al día siguiente dejó sin efecto la medida

En el lapso de dos días, el Gobierno de Daniel Noboa pasó de ordenar la salida de la Corte Constitucional (CC) de su actual sede, a revertir esa medida.

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El 19 de agosto de 2025, el Ministerio de Energía remitió el oficio MEM-COGEAF-2025-0190, en el que se informaba la terminación del convenio de cooperación interinstitucional que permitía a la Corte utilizar el edificio donde actualmente funciona.

El argumento del Ejecutivo se centraba en la fusión de ministerios decretada por Noboa, que unió al Ministerio de Energía con el de Ambiente. Según el documento, el inmueble debía destinarse a proyectos de inversión administrados por la nueva entidad fusionada.

La notificación fijaba un plazo improrrogable de un mes para que la Corte desalojara las instalaciones.

El presidente Daniel Noboa llegó hasta la Corte Constitucional.Ángelo Chamba / EXTRA

La revocatoria en 24 horas

Sin embargo, el 20 de agosto de 2025, un nuevo oficio firmado por la Coordinadora Administrativa del Ministerio de Energía llegó a la Corte. En él, se dejaba sin efecto la decisión anterior, sin ofrecer mayores explicaciones sobre el cambio de postura.

Este episodio ocurre en medio de una tensa relación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional.

El 12 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa encabezó una marcha hacia la sede de la Corte, acompañado de ministros y simpatizantes, luego de que ese tribunal decidiera suspender provisionalmente 17 artículos de tres leyes promovidas por el Gobierno y aprobadas por la Asamblea Nacional.

Las normas cuestionadas son la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Inteligencia.

Declaraciones contra la Corte

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, llegó a calificar a la Corte Constitucional como “enemiga de la ciudadanía”, mientras que el Ejecutivo insiste en que los artículos suspendidos son fundamentales para sus políticas.

Ahora, tanto el Gobierno como la Asamblea deberán presentar sus argumentos ante la Corte, que ya fijó fechas de audiencias clave para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas por diversos sectores sociales y políticos.

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