Este 5 de agosto de 2025, el Concejo Metropolitano de Quito abordó en primer debate el proyecto de ordenanza para implementar el Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular (DEIV), también conocido como la “tercera placa”.

Se trata de un chip tipo RFID que se colocará en el parabrisas de los vehículos y contendrá datos como placa y número de chasis, sin registrar la ubicación del conductor. El sistema se leerá mediante pórticos fijos o móviles instalados en puntos estratégicos de la ciudad.

¿Cuáles son los usos de la tercera placa?

Entre los usos previstos del DEIV están la detección de infracciones como el pico y placa, exceso de velocidad y registro automático de circulación, además de automatizar cobros y planificación del tránsito. El costo estimado del proyecto alcanza los USD 5 millones, y se sostiene que no generará ningún gasto para los usuarios.

El proyecto también establece un régimen de sanciones dividido en tres categorías: infracciones leves, con el 15 % del Salario Básico Unificado; graves, con el 30 %; y muy graves, con el 50 %, con opción a canjear multas por trabajo comunitario. Las multas podrían ascender al 100 % del SBU en casos de reincidencia severa con dispositivos adulterados.

Sin embargo, pese a que la puesta en funcionamiento estaba prevista inicialmente para febrero de 2025 y luego aplazada a mediados de ese año, aún no hay fecha concreta para su entrada en vigor. La iniciativa apenas fue conocida por el pleno del Concejo en agosto, y el segundo debate deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días para definir su aprobación definitiva o modificaciones.

Opiniones divididas por la 'tercera placa'

Durante la sesión, algunos concejales expresaron su descontento con los constantes demoras. El edil Andrés Campaña criticó que pese a promesas de inicio en enero, aún no se ha concretado ningún paso operativo. Por su parte, la concejala Cristina López enfatizó la necesidad de garantizar la protección de datos personales y transparencia en el uso de la tecnología.

Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad prepara los detalles técnicos y logísticos —como el número y ubicación de pórticos de lectura— y trabaja en la socialización del proyecto con ciudadanía e instituciones involucradas. La decisión final aún queda pendiente, y los conductores deben seguir atentos al avance del proceso legal en el Concejo.

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