Un ciudadano que se dedicaba a almacenar y distribuir material de abuso sexual infantil (MASI) a través de medios digitales fue capturado la noche del miércoles 16 de julio en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, por elementos de la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía.

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Una alerta de la Interpol habría permitido a los gendarme iniciar con las labores de rastreo e identificación del sujeto detenido, quien tiene un proceso judicial vigente por el delito de apropiación fraudulenta por medios electrónicos.

Las indagaciones policiales determinaron que el criminal utilizaba la aplicación de mensajería instantánea Viber para comunicarse y distribuir el material audiovisual prohibido con otros miembros de su red de pornografía infantil.

¿Qué evidencias hallaron en poder del ciudadano detenido con pornografía infantil?

Durante la operación, denominada Fénix 209 y en la cual colaboraron organismos internacionales como Our Rescue (Nuestro Rescate, en español), se hallaron en poder del aprehendido los siguientes indicios del delito:

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• 4 terminales móviles
• 6 Discos duros externos
• 10 memorias micro SD
• 6 memorias USB
• 1 Chip celular
• 1 Cámara
• 1 CPU y
• Más de 100 archivos de Material de Abuso Sexual Infantil (M.A.S.I.).

Esta captura fue resultado de la coordinación , a través de la Interpol, de los cuerpos policiales de España, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Honduras, Bolivia, El Salvador, Brasil, Estados Unidos, Italia, Portugal, Bulgaria y Ecuador.

El ciudadano detenido fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales para ser juzgado por el delito de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, mientras que las evidencias fueron ingresada en cadena de custodia a las bodegas de la Policía Judicial.

El artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el mencionado delito y detalla que “la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales que contenga desnudos o semidesnudos reales o simulados de niños o adolescentes en actitud sexual será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.

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