Pabel Muñoz pidió a la Corte Constitucional revisar el trámite de la revocatoria de su mandato por vulnerar su derecho a la defensa; el proceso, impulsado por Néstor Marroquín, superó las 210.000 firmas, aunque el alcalde cuestiona su validez. En paralelo, una demanda por injurias quedó resuelta mediante conciliación.

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Recurso del alcalde ante la Corte Constitucional

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, presentó un recurso ante la Corte Constitucional con el fin de que se determine si en el trámite de revocatoria de su mandato se vulneraron sus derechos constitucionales, en especial los relacionados con el debido proceso y la defensa. 

Muñoz explicó en una entrevista que la Corte ya admitió su pedido, lo cual representa un paso importante, ya que abre la posibilidad de que el máximo organismo constitucional revise a fondo la legalidad de todo el procedimiento. 

Según el alcalde, la decisión no busca frenar el derecho ciudadano a la participación, sino garantizar que este se ejerza dentro del marco de la ley y con respeto a las garantías individuales.

Argumentos de Muñoz

El alcalde argumentó que nunca fue notificado formalmente sobre la solicitud de revocatoria antes de que el Consejo Nacional Electoral la calificara, lo que le impidió ejercer su derecho a la defensa de manera oportuna. 

Asegura que esta omisión convirtió al proceso en un trámite viciado desde sus inicios. Con el recurso, Muñoz pretende que la Corte determine si se incumplieron principios fundamentales como el derecho a la participación, el respeto al debido proceso y la igualdad de condiciones. 

De confirmarse una vulneración, el procedimiento podría ser declarado nulo, lo que implicaría detener la recolección de firmas y cerrar temporalmente el proceso de revocatoria.

Antecedentes de la revocatoria

La solicitud de revocatoria contra Muñoz fue presentada en tres ocasiones distintas ante el Consejo Nacional Electoral; en las dos primeras, el pleno del organismo la desestimó por no reunir los requisitos de sustento legal. 

Sin embargo, en la tercera ocasión sí fue admitida, lo que dio paso a la fase de recolección de firmas; la causal señalada por el denunciante se relaciona con una sanción que el Tribunal Contencioso Electoral impuso a Muñoz en 2024, luego de grabar un video junto a la entonces candidata presidencial Luisa González, acción que se consideró como infracción electoral. 

No obstante, el alcalde sostiene que ese hecho nada tiene que ver con el cumplimiento de sus funciones como máxima autoridad municipal y que, por lo tanto, no puede usarse como base para una revocatoria de mandato.

Posición del alcalde sobre la causal

Muñoz insiste en que el fundamento de la revocatoria carece de relación con el cumplimiento de sus funciones, recalcó que una sanción administrativa electoral no puede usarse como prueba de que no ha desempeñado sus tareas como alcalde.

Demanda por injurias y conciliación

En paralelo, Muñoz enfrentó una denuncia por injurias planteada también por Marroquín, el proceso se resolvió en la Corte Provincial de Pichincha mediante un acuerdo de conciliación. 

Ambas partes firmaron un acta de respeto mutuo y se comprometieron a no referirse públicamente al caso, el demandante desistió de la denuncia y Muñoz aceptó dicho desistimiento, evitando una contrademanda.

Resolución final

La sentencia estableció tres puntos: respeto entre las partes, prohibición de pronunciarse sobre el hecho y cierre definitivo del caso. El alcalde aclaró que esta resolución corresponde únicamente al juicio por injurias y no afecta el trámite de revocatoria en curso.

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