La madrugada del domingo 28 de julio de 2025, un joven de 22 años fue brutalmente asesinado en el sector Santa Cecilia, en Puerto Quito. Su cuerpo fue hallado en el río El Negrito con al menos 16 heridas provocadas con cuchillos. 

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La Fiscalía procesó, la tarde del 31 de julio, a seis personas por este crimen: un hombre de 51 años y cinco de sus sobrinos, incluidos dos menores de edad.

Una noche de tragos terminó en tragedia

Según la denuncia presentada por el hermano de la víctima, la noche anterior el joven, identificado como Henry Eras, había estado bebiendo con sus agresores en un billar de la zona. Horas después, una llegó a su casa para advertirle que varias personas lo estaban apuñalando.

Con ayuda de otros moradores, siguió un rastro de sangre entre la maleza que lo condujo hasta el cuerpo, que estaba ya sin vida en el cauce del río El Negrito. Luego de alertar a la Policía, se ejecutó un operativo que permitió la detención en flagrancia de los presuntos responsables.

Tío y cinco sobrinos implicados

Los detenidos fueron encontrados con los indicios del crimen: dos cuchillos. Además se halló una piedra con rastros de sangre y hasta una escopeta artesanal.

La autopsia confirmó que la causa de muerte fueron 16 heridas de arma blanca en cuello, pecho y extremidades. Según información de Fiscalía, el ataque ocurrió después de una discusión mientras bebían.

Proceso judicial en marcha

Durante la audiencia de calificación de flagrancia, Fiscalía presentó elementos de convicción suficientes para que el juez ordenara prisión preventiva contra los cuatro adultos y se abriera una instrucción fiscal por 30 días por el delito de asesinato.

En una audiencia paralela, un juez especializado en adolescentes dispuso internamiento preventivo para uno de los menores. El otro adolescente —que presenta un 45 % de discapacidad intelectual— deberá cumplir presentaciones periódicas mientras avanza la investigación.

¿Cómo serán juzgados?

El caso se tramita bajo el tipo penal de asesinato, sancionado con hasta 26 años de cárcel según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). En el caso de los adolescentes, el proceso se rige bajo la normativa de justicia juvenil, que contempla sanciones socioeducativas diferenciadas.

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