El plan habitacional Socio Vivienda, perteneciente al distrito Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, fue el escenario de una matanza con múltiples víctimas, el jueves 7 de marzo de 2025: 22 personas fallecieron luego de ser víctimas de disparos y seis resultaron heridas. Una escalada de violencia que, según la Policía Nacional, tiene su origen en retaliaciones entre facciones del grupo criminal Los Tiguerones.

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Aunque aquel hecho de extrema violencia causó conmoción en Guayaquil y en el resto del Ecuador, hubo al menos cinco casos de notoriedad en esa zona residencial en los últimos tres años, como lo resumió EXTRA en una nota publicada este viernes.

Estos antecedentes generan preocupación y la necesidad de una intervención gubernamental en el lugar, para evitar que nuevos hechos de esa magnitud se repitan en la zona, además de cortar los nexos de agrupaciones delictivas en el sitio. Un sociólogo y un experto en seguridad analizan los puntos claves parea este objetivo.

Obtención de información y reorganización

Para Abraham Correa, general en servicio pasivo de la Policía Nacional y experto en seguridad, la violencia y criminalidad en Socio Vivienda se origina por disputas entre grupos delictivos, a lo que se suma el accionar de la fuerza pública.

“Unos están con su líder; otros no están conformes con lo que ese líder hace. Han tenido fracasos, incautaciones de alcaloides. Ellos también tienen fuga de información”, señaló.

Advirtió que las rencillas se podrían ampliar y continuar, pues muchos buscan ganar liderazgos.

Pese a las acciones contra las bandas, la masacre demostró que estas siguen teniendo capacidad operativa y logística. La respuesta del Estado no es fácil y requiere de una reorganización de sus procedimientos, diagnosticó Correa.

Un aspecto clave es conseguir información con las personas detenidas y heridas, que permita determinar y atacar los puntos claves de las bandas a largo plazo, no solo de momento.

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Según el especialista, la parte posterior de Socio Vivienda quedo más descuidada por los uniformados, a diferencia de la zona frontal. Ante esa realidad, es necesario replantear la vigilancia y patrullaje en todo el perímetro.

Dimensionar la influencia delictiva en la población

El sociólogo Héctor Chiriboga comentó que uno de los problemas de la criminalidad en Ecuador es que no hay suficientes cifras detalladas del problema. Y en el caso de Socio Vivienda, es importante determinar qué porcentaje del dinero generado por delitos beneficia directamente a sus habitantes y cómo repercute eso.

Según su análisis, de la mano con el punto anterior, para una familia podría ser más fácil respaldar a un pariente implicado en actividades ilícitas, si con ese dinero cubren sus necesidades, en vez de luchar para que se gradúe y tener la esperanza de que consiga algún trabajo con su título académico.

Esa aceptación de la criminalidad como forma de supervivencia tiene otro posible efecto. “En algún momento, si es que no está pasando ya, esa población puede convertirse en población hostil a las Fuerzas Armadas, a la Policía, a la acción del Gobierno (...). En este momento, la primera punta de lanza del Estado son los soldados con la Policía”.

La penetración de la delincuencia en las familias se suma a otro factor social negativo: no existe un orden instaurado en los hogares, los centros educativos e incluso en las leyes, pues no existen las condiciones para que se garantice la no impunidad y la prevención de la corrupción.

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