Terrorismo en Ecuador: ¿La crisis carcelaria justifica dejar libres a delincuentes?
Beneficios penitenciarios “no son para los pobres”, sostiene exdirector del SNAI. Expertos hablan acerca de la liberación de terroristas en el país
Los militares detuvieron a los presuntos integrantes de un grupo terrorista. Ellos no recibieron prisión preventiva.
Los operativos del denominado Plan Fénix, ejecutados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dan resultados, pues en las 18.108 operaciones realizadas entre el 9 de enero y las 05:00 del martes 16 de enero, en este 2024, fueron detenidos 1.753 sospechosos. De esos, 158 serían terroristas. Estos detalles son actualizados y mostrados a diario, junto a otras cifras favorables, por la Presidencia de la República.
Lo que no se expone en la propaganda oficial es cuántos de estos detenidos están con prisión preventiva, pues la duda ha empezado a surgir entre los ciudadanos, luego de que se conociera la liberación -con medidas alternativas a la prisión- de cinco presuntos integrantes del grupo terrorista Los Lagartos, por disposición de un juez.
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Estos individuos habían sido detenidos con armamento, municiones e incluso drogas, según lo informado por los militares el 12 de enero. Otro caso que llamó la atención de los ecuatorianos, quienes se expresan a través de redes sociales, es el de la liberación -también con medidas sustitutivas- de un sujeto atrapado con más de media tonelada de cocaína, en Quito. Pese al pedido de la Fiscalía, una jueza argumentó, entre sus justificaciones, la grave crisis carcelaria.
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El abogado Julio César Cueva, experto constitucionalista y penalista, sostiene que este tipo de consideraciones, para no mandar a alguien a la cárcel, no son válidas, porque la entidad que debe resolver la situación de los presos y sus crisis es el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), no los jueces.
Para el jurista, la prisión preventiva se ha hecho para evitar la fuga de los procesados, para que comparezcan al juicio, sobre todo en casos graves. “El juez (que actúe de esta manera) debe ser investigado por error inexcusable (...), para que la Judicatura sienta un precedente de que este tipo de justificaciones absurdas, que más suenan a corrupción, no se pueden dar en el país”.
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Cueva explica que este tipo de actuaciones pueden tener un efecto negativo en los uniformados: “se va a desanimar la fuerza pública, porque en efecto es lo que la gente dice: ellos los agarran y otros los aflojan”. Sin embargo, aclara que hay que analizar caso por caso, porque puede haber excepciones.
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"Es una oportunidad para que la Judicatura se haga ver, sentando precedentes, suspendiendo jueces y al final del camino, si amerita, destituyéndolos”,
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"No se puede dejar con medidas sustitutivas a gente que está con tenencia y posesión de armas haciendo actos de terrorismo”,
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