Extorsiones ponen en la mira internacional a empresas ecuatorianas con vínculos con EE. UU.
El endurecimiento de controles estadounidenses contra el crimen organizado abre riesgos legales para compañías que pagan ‘vacunas’ sin denunciar
Extorsiones están como 'pan caliente' en empresas y comercios ecuatorianos.
El fortalecimiento de la estrategia de Estados Unidos para cortar el financiamiento del crimen organizado comienza a generar inquietud en el sector productivo ecuatoriano. Empresas con vínculos comerciales con ese país podrían quedar expuestas a investigaciones y sanciones si realizan pagos extorsivos sin respaldo legal ni denuncias formales.
Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), advierte que las empresas exportadoras, importadoras o con relaciones comerciales con EE. UU. deben extremar precauciones y denunciar cuando sean víctimas de extorsión. Sin embargo, reconoce que muchas optan por callar, negociar y asumir la ‘vacuna’ como un costo operativo más.
Justicia
Extorsión y terrorismo: el dilema legal que expone a comerciantes a riesgos internacionales
Flor Layedra Torres
“Algunas denuncian, pero muchas prefieren aceptar el pago por miedo o resignación. Es una situación crítica”, señala González, en un contexto donde hablar públicamente del tema se ha vuelto incómodo incluso para dirigentes gremiales.
Cifras que evidencian la magnitud del problema
Los datos de la Fiscalía muestran que, aunque en 2025 las denuncias por extorsión bajaron a 16.134 casos, la cifra sigue siendo muy superior a la registrada hace una década, cuando apenas se reportaban 1.477 denuncias. Estudios de mercado estiman que al menos el 30 % de las empresas han sido víctimas de este delito.
Los pagos extorsivos pueden ir desde desembolsos únicos de entre $5.000 y $100.000, hasta cuotas mensuales más bajas. Según González, entre el 10 % y 15 % de empresas de ciertos sectores han tenido que cerrar por temor o inviabilidad económica.
Las extorsiones siguen en Ecuador.
En 2025, Estados Unidos endureció sus sanciones contra organizaciones catalogadas como terroristas, una decisión que, según juristas internacionales, podría implicar que los pagos de extorsión sean considerados como financiamiento criminal por el Departamento de Justicia (DOJ).
Análisis del portal especializado Latin Lawyer destacan que la denuncia y cooperación con autoridades puede ser clave para evitar procesos penales. En países como México, las empresas que se autodenuncian y demuestran colaboración han logrado quedar fuera del alcance de sanciones estadounidenses.
Vacíos legales en Ecuador
Este escenario plantea desafíos para Ecuador, donde no existe una legislación especializada para tratar la extorsión empresarial. Renato Rivera, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, señala que la responsabilidad de las personas jurídicas está poco desarrollada y que muchos casos solo salen a la luz por presión internacional.
González coincide en que es urgente reforzar las normas, pero también proteger a las víctimas. Advierte que, por desconocimiento, algunas empresas recurren a prácticas ilegales como falsificar documentos para encubrir pagos, lo que agrava su situación.
Desde la CCG se ha trabajado en capacitación junto con la UNASE, alcanzando a cerca de 2.000 empresarios y emprendedores para prevenir extorsiones y evitar errores legales. No obstante, los expertos coinciden en que el principal reto es recuperar la confianza en las instituciones.
“El descenso de denuncias también refleja miedo y desconfianza en el sistema judicial”, apunta Rivera, quien sugiere replicar experiencias regionales como observatorios de seguridad y mesas de trabajo público-privadas para enfrentar el delito.