Extorsión y terrorismo: el dilema legal que expone a comerciantes a riesgos internacionales

El incremento de las extorsiones impuestas por grupos criminales se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para comerciantes y empresarios en Ecuador. En los últimos años, numerosos negocios se han visto obligados a realizar pagos forzados —conocidos como “vacunas”— para proteger su vida, la de sus trabajadores o la continuidad de sus operaciones.

Aunque estas prácticas se desarrollan bajo coacción, expertos alertan que el fenómeno no solo tiene efectos económicos internos, sino que podría derivar en consecuencias legales internacionales, especialmente tras recientes decisiones adoptadas por Estados Unidos.

En 2025, el Gobierno de Estados Unidos catalogó a determinados cárteles y bandas criminales latinoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras. Esta clasificación endurece el régimen de sanciones y abre la posibilidad de que los pagos por extorsión sean interpretados como apoyo material a grupos terroristas.

Bajo esta lógica, el Departamento de Justicia (DOJ) podría iniciar acciones contra personas o empresas que, aun siendo víctimas, mantengan vínculos financieros con estas organizaciones, lo que genera una situación de alta vulnerabilidad para el sector productivo ecuatoriano.

El antecedente de México y sus límites para Ecuador

Como respuesta a este escenario, México aprobó en noviembre de 2025 la Ley para Combatir la Extorsión, que reformó su Código Penal, la Ley contra la Delincuencia Organizada y normas conexas. La normativa permite que las empresas demuestren su cooperación con las autoridades, con el objetivo de evitar procesos penales en Estados Unidos por eventuales flujos de dinero hacia grupos criminales.

Sin embargo, juristas consultados por este diario coinciden en que este modelo no puede trasladarse de forma automática al contexto ecuatoriano, aunque reconocen la urgencia de adecuar el marco legal nacional a la realidad actual.

Para Martín Domínguez, experto en Derecho Procesal Penal y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, el primer paso debe ser una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establezca una diferencia clara entre la extorsión y el financiamiento al terrorismo.

Desde su perspectiva, el tratamiento penal no puede ser uniforme cuando se trata de víctimas que actúan bajo amenaza directa, ya que ello distorsiona el principio de responsabilidad penal.

Voluntariedad y lavado de activos: el otro eje del análisis

En la misma línea, Francisco López, constitucionalista y docente de la Universidad de las Américas, sostiene que el análisis estatal no debe limitarse al marco normativo. A su criterio, es indispensable evaluar si el empresario actuó de forma libre y voluntaria o si fue forzado por una estructura criminal.

“El Estado puede proteger a la empresa, pero si se evidencia que una persona se presta para el lavado de dinero, entonces debe intervenir”, subraya López, quien insiste en la necesidad de una legislación especializada para enfrentar este tipo de delitos complejos.

Desde el Derecho Internacional, Ivonne Téllez, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, advierte que las consecuencias no se limitan a Estados Unidos. Si las empresas continúan realizando transferencias de capital a grupos narcodelictivos, otros Estados y organismos internacionales con los que Ecuador mantiene acuerdos podrían imponer sanciones.

Por ello, señala que el país debe anticiparse a posibles escenarios de responsabilidad internacional y fortalecer sus mecanismos de prevención.

El peligro de normalizar la 'vacuna'

Para Efraín Guerrero, experto en Administración Pública y también docente de la PUCE, la falta de una respuesta inmediata del Estado podría tener efectos estructurales. “Si no se controla esta situación, muchas empresas terminarán asumiendo el pago de extorsiones como un costo operativo más”, advierte.

Este fenómeno, añade, podría derivar en la captura de economías locales por parte de organizaciones criminales y en un subregistro de la coacción empresarial, incluso con operaciones que llegan a bancarizarse sin un control efectivo.

Guerrero enfatiza que la respuesta no puede recaer en una sola entidad. La Policía Nacional, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Estado en su conjunto deben trabajar de manera articulada para enfrentar el problema.

Sobre este tema, este diario intentó obtener un pronunciamiento del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, sin obtener respuesta oficial hasta el cierre de esta nota.

¿Qué reformas proponen los expertos?

Entre las principales propuestas planteadas por los especialistas constan:

Datos de la Fiscalía General del Estado evidencian un crecimiento sostenido de las denuncias por extorsión desde 2015. Ese año se registraron 1.477 casos; en 2022 la cifra ascendió a 8.398 y en 2023 se disparó a 21.809. Para 2024, los registros llegaron a 23.082 denuncias, mientras que en 2025 se reportó un descenso a 16.129 casos.

A su vez, cifras del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana indican que, hasta septiembre de 2025, de 1.275 procesos judiciales por extorsión, solo 866 habían sido resueltos, mientras más de mil continuaban en trámite.

Control financiero y rol de la UAFE

Finalmente, Patricio Chanaba, director ejecutivo de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, insta a que la UAFE y la Fiscalía profundicen las investigaciones sobre reportes de actividades sospechosas generados por la banca.

Asimismo, advierte sobre la necesidad de un mayor control del comercio en efectivo, especialmente fuera del sistema financiero formal, donde se concentra gran parte del flujo económico vinculado a estas prácticas.