El drama de los civiles atrapados en los bombardeos fronterizos de Ecuador: "Quedé sin nada"
Los campesinos no solo enfrentan la pérdida de sus hogares y animales, sino que denuncian haber sido víctimas de detenciones arbitrarias y maltratos físicos
Campesinos denuncian abusos y torturas tras operativos militares de Daniel Noboa.
La selva fronteriza entre Ecuador y Colombia, habitualmente marcada por el silencio del narcotráfico, se ha convertido en un escenario de terror para quienes trabajan la tierra.
Los operativos "antinarco" desplegados por el gobierno de Daniel Noboa, lejos de ser recibidos como una liberación, han dejado tras de sí una estela de destrucción y denuncias de graves atropellos contra la población civil que habita en las cercanías del río fronterizo.
De acuerdo con un reporte de la agencia AFP, testimonios recogidos en la zona de Lago Agrio describen escenas de pánico tras el estallido de proyectiles que estremecieron el suelo amazónico el pasado 16 de marzo.
Según la agencia, los habitantes no solo enfrentan la pérdida de sus hogares y animales, sino que denuncian haber sido víctimas de detenciones arbitrarias y maltratos físicos por parte de las fuerzas militares ecuatorianas bajo la sospecha de colaborar con grupos irregulares.
El presidente Noboa presenta estos operativos como un éxito de la cooperación con Estados Unidos
Entre el estruendo y las cenizas
Para los habitantes locales, la versión oficial del gobierno —que promociona la destrucción de campamentos guerrilleros— dista mucho de la realidad que observan entre los escombros.
Vicente Garrido, un líder comunitario de 54 años, fue enfático al señalar a la AFP la naturaleza de los objetivos impactados: "Son viviendas de campesinos que vivimos aquí". Sus palabras resuenan entre los restos calcinados de fincas donde aún se percibe el olor a muerte de animales domésticos y cultivos perdidos.
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El campesino Peña relató a los enviados especiales cómo el ruido de dos helicópteros precedió a una explosión que "sonó durísimo y estremeció todo".
Según los pobladores, militares habrían quemado viviendas días antes del ataque aéreo para asegurar que estuvieran deshabitadas, una táctica que el Ministerio del Interior niega, insistiendo en que los objetivos fueron trazados tras meses de investigación.
Denuncias de tortura y detenciones
La situación escala al plano de los derechos humanos con testimonios de jóvenes como Gilson Vargas, quien asegura haber sido arrestado y vejado por los uniformados.
La abogada de la ONG Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Lina María Espinosa, afirmó que sus clientes sufrieron "torturas" como "ahogamientos en tanques de agua" y electrocuciones durante sus traslados a bases militares.
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A pesar de que el presidente Noboa presenta estos operativos como un éxito de la cooperación con Estados Unidos para limpiar la frontera de los Comandos de la Frontera, el costo humano está generando una crisis de credibilidad.
Mientras el gobierno guarda silencio ante los llamados de la prensa, la oficina de Derechos Humanos de la ONU ya ha recibido las denuncias de una comunidad que afirma haber quedado en la calle, obligada a "empezar de cero" en medio de una guerra que, aseguran, no les pertenece.