Ecuador atraviesa por un momento de tensión política y social en los primeros días de septiembre de 2025. Esto tras la eliminación del subsidio al diésel por parte del Gobierno Nacional, una medida que ha generado el rechazo de un amplio espectro del país, pese a los anuncios de ayudas económicas del ejecutivo para reducir posibles efectos económicos, como el aumento de pasajes en el transporte público, entre otras.

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En provincias como Carchi o Pichincha, principalmente, se han presentado entre el lunes 15 y martes 16 de septiembre, algunas movilizaciones y bloqueos de vías principales que han generado incluso choques entre fuerza pública y manifestantes. 

Para controlar la situación, el Gobierno del Presidente Daniel Noboa firmó un decreto para imponer un estado de excepción en siete provincias del país. Estas son:

• Carchi 
• Imbabura
• Pichincha
• Azuay
• Bolívar
• Cotopaxi
• Santo Domingo

Implicaciones del estado de excepción

“Esta situación requiere de una intervención excepcional de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos, el orden público y la paz social”, se lee del documento oficial. 

Lo que se busca es tratar de bajar el tono de las protestas después de que organizaciones como la FUT han pedido "radicalizar" las protestas contra las medidas del ejecutivo.

El decreto establece un estado de excepción por “grave conmoción interna” en las mencionadas siete provincias por 60 días. Derechos restringidos: únicamente se contempla la restricción en la libertad de reunión.

Como medidas concretas cita la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía para reforzar el control interno y evitar actos de violencia, proteger la vida y la libre circulación y da facultades para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos cuando se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana o al orden constituido.

¿Habrá toque de queda?

El documento del ejecutivo no hace referencia expresa a toques de queda ni a la restricción de la libre movilización particular en determinados horarios o zonas del país. El Gobierno recalca que se respetará el derecho a la protesta pacífica, pero se actuará de manera firme contra bloqueos y hechos violentos que afecten servicios esenciales.

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