En Manta, los ecos de la violencia reciente aún retumban. La noche del 10 de septiembre de 2025, un hostal del sector Costa Azul fue escenario de un ataque armado contra el club Exapromo Costa FC, de la Segunda Categoría. 

El saldo fue cinco fallecidos. Entre las víctimas mortales estaban Maicol Valencia, de 25 años, y Leandro Danilo Yépez, de 33, ambos jugadores del plantel. Valencia habría sido una víctima colateral, mientras que Yépez murió dos días después en el hospital, tras varias cirugías. También se mencionaron como afectados Juan Carlos Plúa, Erick Plúa y Darwin Plúa.

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El club, que debía enfrentar a Deportivo Quito días después en el estadio Jocay, quedó marcado por la tragedia, pero también su nombre apareció en otro escenario: los estrados judiciales. El caso Blanqueo Fito, que investiga presuntas operaciones de lavado de activos supuestamente lideradas por José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y su hermano Ronald Javier, incluyó una mención directa a Exapromo en la audiencia de vinculación.

La mención a Exapromo Costa FC en el caso Blanqueo Fito

En los tomos 170 y 171 del expediente judicial, consta un oficio remitido por José Merchán, en calidad de representante del club deportivo especializado Exapromo Costa FC. Allí se deja constancia que "los investigados José Adolfo y Ronald Javier ya no constan como socios fundadores ni socios actuales, no son directivos del club y no han tenido participación alguna en estructuras políticas".

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Este pronunciamiento, que según se dijo en la diligencia figura en las fojas 16.938 y 17.005, fue parte de los argumentos expuestos para despejar dudas sobre un vínculo formal.

¿Qué dice la Fiscalía sobre el caso Blanqueo Fito?

La Fiscalía sostiene que alias Fito y su círculo cercano —esposa, hijos, padres, cuñados y su hermano Ronald Javier, conocido como Javi— presuntamente construyeron un entramado económico para mover capitales ilícitos. 

Se han expuesto supuestos depósitos bancarios irregulares, empresas de fachada, joyas valoradas en más de dos millones de dólares y bienes inmuebles incautados. Las medidas cautelares incluyen prisión preventiva para la mayoría de los procesados y clausura temporal de cuatro compañías señaladas en la red.

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