Un trabajo coordinado entre la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (UNASE) y la Dirección General de Inteligencia (DGI) permitió la captura de cuatro personas señaladas como parte de una presunta red de extorsión que operaba entre las provincias de Esmeraldas e Imbabura. El operativo se ejecutó la mañana del 1 de septiembre de 2025, tras una denuncia ciudadana.

La investigación se activó luego de que una comerciante de 38 años reportara haber recibido insistentes llamadas y mensajes, principalmente desde números con prefijo colombiano. A través de estas comunicaciones, los extorsionadores exigían el pago de 40.000 dólares.

La amenaza era que atentarían contra su vida, la de su familia y la seguridad de su negocio ubicado en Esmeraldas. Para sustentar sus exigencias, los involucrados remitieron números de cuentas bancarias a nombre de dos personas en las que la víctima, bajo presión, llegó a depositar pequeñas sumas de dinero.

El detenido por extorsión es un reincidente en Imbabura

Los operativos se realizaron de manera simultánea en varios puntos de Esmeraldas e Imbabura. En ellos fueron aprehendidos Oscar Emilio Cortez Napa (25 años), Neider Leonardo Chillambo Angulo (32), Jonathan Darwin Garzón Pozo (30) y Silvia Mercedes Males Benavides (47). Según la información policial, Garzón Pozo ya se encontraba privado de libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Imbabura, donde cumplía una condena previa por extorsión, delito en el que habría reincidido.

En el procedimiento se incautaron seis teléfonos celulares y un vehículo que, según las autoridades, guardan relación directa con el ilícito investigado. Los indicios fueron ingresados a cadena de custodia para fortalecer el proceso judicial. Los aprehendidos no registraban antecedentes, salvo Garzón Pozo, quien enfrentaba un historial por el mismo delito desde diciembre de 2024.

La Policía informó que, una vez presentada la denuncia, se activaron los protocolos de acompañamiento a la víctima, brindándole asesoría para evitar nuevos depósitos y asegurar su protección. Los cuatro detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para resolver su situación jurídica. Fiscalía, en coordinación con la Policía, continuará con las investigaciones para determinar si existen más personas vinculadas a esta red de extorsión.

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