La audiencia por cargos de lesa humanidad a seis exoficiales se instaló pasadas las 10:20 de este miércoles 5 de noviembre. Los exmilitares están siendo juzgados por presuntas torturas y tratos crueles cometidos en 1985, durante el régimen de León Febres-Cordero, en contra de tres militantes del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo (AVC): Luis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara y Francisco Javier Jarrín Sánchez.

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Los hechos ocurrieron en noviembre de 1985, cuando los tres fueron detenidos en Esmeraldas y trasladados a instalaciones militares y policiales en Quito, entre ellas el Batallón de Inteligencia Militar en Conocoto.

Vaca, Cajas y Jarrín denunciaron que fueron mantenidos en aislamiento e incomunicación, y sometidos a torturas físicas y psicológicas, hechos que hoy la justicia analiza como posibles crímenes de lesa humanidad.

La audiencia se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, bajo la conducción del fiscal general encargado, Carlos Alarcón.

Entre las pruebas incorporadas constan oficios de 1985 y 1986 de los ministerios de Defensa, Gobierno y de la misión diplomática del Ecuador en Ginebra, así como informes de organismos internacionales sobre desapariciones forzadas.

¿Quiénes fueron los Alfaro Vive Carajo?

Alfaro Vive Carajo (AVC) surgió a finales de los años 70 y cobró notoriedad en los 80, en un contexto marcado por la crisis económica, la desigualdad social y el desencanto político.

Su nombre evocaba al expresidente Eloy Alfaro, símbolo de la Revolución Liberal, y su lema —“¡Viva Alfaro carajo!”— buscaba reivindicar la justicia social y la soberanía nacional.

El grupo estuvo conformado por jóvenes militantes, estudiantes y activistas de izquierda, inspirados en movimientos revolucionarios latinoamericanos como el M-19 de Colombia y el Frente Sandinista de Nicaragua.

Aunque su discurso se centraba en la lucha contra la corrupción y la inequidad, su estrategia fue la acción armada: asaltos, secuestros y sabotajes que pretendían financiar su causa y llamar la atención pública.

De los símbolos a la violencia

Una de las primeras acciones de AVC fue el robo de las espadas de Eloy Alfaro y Pedro José Montero del Museo Municipal de Guayaquil, en 1983, una acción simbólica que marcó su irrupción pública.

Con el tiempo, sin embargo, el grupo pasó de los gestos ideológicos a la confrontación directa con el Estado.

El hecho más recordado ocurrió el 2 de septiembre de 1985, cuando el banquero Nahim Isaías Barquet, gerente de Filanbanco, fue secuestrado en Guayaquil por un comando del AVC.

El objetivo era obtener un rescate económico —a lo que el grupo llamaba “recuperaciones”—, pero la operación de rescate militar ordenada por el gobierno terminó en tragedia: Isaías murió durante el asalto, en medio de un intercambio de disparos.

El episodio conmocionó al país y marcó un punto de inflexión tanto para la guerrilla como para el gobierno, que endureció su respuesta.

La respuesta del Estado

Tras el secuestro y la muerte de Isaías, el gobierno de León Febres-Cordero desplegó una ofensiva militar contra la organización. Decenas de supuestos miembros de AVC fueron detenidos, ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos, según los registros posteriores de la Comisión de la Verdad.

El líder del movimiento, Arturo Jarrín, fue abatido por militares en 1986, en Quito. Su muerte marcó el inicio del fin del grupo armado, aunque también dio lugar a denuncias por uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos humanos.

A finales de la década, el grupo se desmovilizó parcialmente y algunos de sus integrantes se incorporaron a la vida política y civil.

Una audiencia 40 años después

Casi cuatro décadas más tarde, la justicia ecuatoriana revisa los hechos de aquel periodo.

El proceso busca determinar si existió una política estatal de persecución sistemática contra determinados grupos o personas, lo que configuraría un delito de lesa humanidad, sancionado con penas de hasta 30 años de prisión.

Los seis procesados son:

• Nelson Bolívar Enríquez Gómez, exoficial de Inteligencia del Ejército
• Juan Raúl Viteri Vivanco, excomandante de la Escuela de Inteligencia
• Manuel Marcelo Delgado Alvear, exdirector de Inteligencia del Ejército
• Fernando Ignacio Ron Villamarín, exoficial del Ejército y médico
• Mario Ricardo Apolo Williams, excomandante de la Escuela de Inteligencia
• Luis Eduardo Piñeiros Rivera, exministro de Defensa

Este caso ha reabierto el debate sobre memoria histórica, justicia y reparación. Esta es la primera vez que el Estado ecuatoriano enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos de lesa humanidad.

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