“Cuando se acata, hay multas, te cortan el agua o entras en un proceso de justicia indígena”. La frase de María (nombre protegido) retrata cómo funcionan los mecanismos de autoridad dentro de varias comunidades en la provincia de Chimborazo.

María migró hace algunos años a Riobamba, pero recuerda bien las movilizaciones pasadas. “En los otros paros aguanté frío, caminé, me tocó viajar hasta Quito. Ahora ya no regresé”, asegura a EXTRA, sin revelar su identidad por temor a represalias.

En estos territorios, el incumplimiento de decisiones colectivas acarrea sanciones: primero llegan las multas, luego la suspensión de servicios básicos como el agua y, si la falta persiste, se inicia un proceso de justicia indígena.

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María recuerda castigos ejemplares: una camioneta quemada tras un robo, una mujer sancionada con la entrega de un terreno por apropiarse de una cosecha y otros expulsados por reincidir. “Si en un litigio de tierra la esposa avala el conflicto, también la castigan. No es solo al hombre”, explica.

Solidaridad comunitaria

Sin embargo, tanto María como Lema, otro comunero consultado por este Diario, insisten en que la vida comunitaria no puede juzgarse únicamente desde sus sanciones. “Aquí nos peleamos, sí, pero también nadie se muere solo ni pobre si la comunidad está de pie”, resume.

La solidaridad es una práctica cotidiana. Cuando alguien tiene una cosecha abundante, comparte. O si una casa se cae o hay que subir madera, llega la minga, donde nadie cobra y todos trabajan hasta terminar.

Actos vandálicos

En los últimos días, varias localidades de Imbabura, incluyendo Ibarra y Otavalo, han registrado actos vandálicos vinculados a movilizaciones de comunidades indígenas. Según denuncias de comerciantes y autoridades locales, grupos de manifestantes han obligado al cierre de negocios, intervenido la distribución de gas y alimentos, y bloqueado vías estratégicas, afectando la circulación y el abastecimiento en la región.

Los incidentes también incluyen ataques a camiones de transporte de productos y daños a infraestructura, generando preocupación por la seguridad y el orden público.

Estas acciones no solo afectan a Imbabura, sino que se han replicado en otras zonas del país, complicando la logística del comercio y transporte y aumentando la tensión entre las comunidades y el sector privado.

Justicia indígena: restaurativa, pero con límites

Para entender este escenario, la jurista Nina Pacari recuerda que el artículo 171 de la Constitución reconoce la jurisdicción indígena y sus procedimientos propios. “No es una justicia improvisada. Tiene principios filosóficos, idioma, métodos y una visión de armonía colectiva”, explica.

Este sistema no compite con la justicia ordinaria: interviene cuando hay rupturas en la convivencia comunitaria y su fin es restaurar el equilibrio. El investigador Raúl Lema aclara que aún hay muchos prejuicios sobre este sistema. 

“Se cree que la justicia indígena es solo castigo, cuando en realidad es un proceso restaurativo y colectivo. Hay compañeros que han comenzado a aplicarla sin entender su sentido. No es para amedrentar opiniones ni castigar al que piensa diferente. Cuando se pierde la esencia y se usa como herramienta de presión, se desvirtúa su espíritu restaurador”, advierte.

Los pasos están definidos: asamblea, contraste de versiones, acta, rituales de purificación con agua, ortiga o fuete, consejos de mayores y reparación comunitaria, que puede incluir trabajo, devolución del daño o, en casos graves, expulsión. “No termina con el castigo. Hay seguimiento y reinserción”, subraya Lema.

División y polarización

Este paro ha evidenciado un cambio respecto a movilizaciones pasadas (2019 y 2022): la participación comunitaria no fue masiva ni automática. Dirigentes en Tungurahua reconocieron que hubo apoyo simbólico, incluso una gran marcha, pero muchas comunidades eligieron no movilizarse, al igual que en el cantón Guamote, donde la población es mayoritariamente indígena.

En redes circularon mensajes presionando a quienes opinaban en contra del paro, recordándoles que podrían ser sometidos a justicia indígena.

Frente a ello, surgieron voces firmes desde dentro: “Pensar distinto no es delito. Tener criterio propio no rompe la comunidad. La justicia no se aplica a dedo”, se lee en uno de los pronunciamientos difundidos por comuneros que se sintieron señalados por no alinearse a las protestas.

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