La mañana de este miércoles 3 de septiembre de 2025, una llamada telefónica alertó sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo en el edificio central de la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicado en Quito, en la intersección de la calle Juan León Mera y la avenida Patria. El aviso obligó a activar protocolos de seguridad y evacuar a todo el personal de la institución.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por la Fiscalía, alrededor de las 10:00 se recibió la amenaza de bomba, lo que motivó la salida inmediata de los funcionarios. La evacuación buscó salvaguardar la integridad de los servidores judiciales, mientras unidades especializadas de la Policía Nacional inspeccionaban el inmueble.

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Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y de la Unidad Antiexplosivos se desplegaron en el lugar para verificar la veracidad de la advertencia. La zona fue cercada y se restringió el tránsito vehicular y peatonal en las inmediaciones, mientras los equipos especializados realizaban un minucioso registro en el edificio.

La reacción de la Fiscalía General del Estado

La Fiscalía, en su pronunciamiento público, fue enfática en señalar que “no cederá ante amenazas” y que se mantiene firme en el cumplimiento de sus funciones, orientadas a esclarecer los hechos y a no permitir la impunidad. La institución también recordó que estas acciones de intimidación buscan entorpecer investigaciones sensibles que actualmente se desarrollan en el país.

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“El objetivo de nuestro trabajo es llegar a la verdad y garantizar justicia. Ninguna amenaza desviará ese propósito”, insistió la entidad en su comunicado, difundido en canales oficiales y replicado en medios de comunicación.

¿Se encontró algún artefacto explosivo en la Fiscalía General del Estado?

Hasta el cierre de esta nota, la Policía no confirmó la existencia de un artefacto explosivo en las instalaciones de la Fiscalía. Sin embargo, se indicó que las operaciones de registro continuarán hasta descartar completamente cualquier riesgo.

En paralelo, la Fiscalía abrió una investigación para identificar el origen de la llamada telefónica y determinar si se trató de una broma de mal gusto o de una acción deliberada para intimidar a la institución y obstaculizar su labor.

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