La SIP denuncia asedio gubernamental contra los diarios Expreso y Extra
El organismo alerta sobre el uso de auditorías tributarias y presiones societarias por parte del Gobierno para "doblegar" la línea editorial de los medios
La SIP se pronuncia por el asedio que está sufriendo EXTRA y EXPRESO.
La libertad de prensa en Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos bajo la administración del presidente Daniel Noboa. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha manifestado su profunda consternación ante una serie de maniobras institucionales que, a su juicio, constituyen represalias indirectas contra la empresa Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), responsable de la edición de los diarios Expreso y Extra.
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Según la organización, se estarían utilizando organismos del Estado para ejercer una presión asfixiante sobre la gestión financiera y societaria del grupo editorial, en lo que han calificado como una estrategia sofisticada para silenciar voces críticas.
La ofensiva societaria y el quiebre de la seguridad jurídica
Uno de los puntos más alarmantes señalados por la SIP es el intento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) por revertir la titularidad accionaria de GRANASA.
Lo que resulta particularmente preocupante es que dicha estructura societaria fue perfeccionada e inscrita conforme a la ley hace ya varios años, por lo que esta acción administrativa no solo genera una profunda inseguridad jurídica para la empresa, sino que abre una peligrosa puerta a la injerencia política en la estructura interna de los medios de comunicación.
GRANASA denuncia presiones del Gobierno contra sus diarios EXPRESO y EXTRA.
Esta medida es vista por defensores de los derechos humanos como un mecanismo de control incompatible con los estándares interamericanos que protegen la libre expresión y la propiedad privada de las empresas periodísticas.
Por su parte, la empresa GRANASA ha denunciado públicamente que el Gobierno está empleando "caminos opacos" para intentar quebrar la voluntad informativa de sus redacciones.
La compañía reveló que, desde septiembre de 2025, el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha iniciado actuaciones tributarias bajo el argumento de presuntas diferencias fiscales en terceros vinculados a su cadena de distribución.
A pesar de que el grupo editorial ha solicitado acceso formal a toda la documentación para ejercer su defensa, la información ha sido entregada a cuentagotas, lo que refuerza la tesis de un hostigamiento diseñado para generar incertidumbre y desgaste administrativo.
La sofisticación de la censura a través de instituciones públicas
Pierre Manigault, presidente de la SIP, ha sido enfático al señalar que el uso de entidades públicas para atacar a la prensa independiente es una de las formas más peligrosas de censura moderna.
Al recurrir a mecanismos administrativos y tributarios, el Estado no solo vulnera la libertad de prensa, sino que atenta contra la libertad de empresa, la cual es la base económica que permite la existencia de un periodismo fiscalizador.
Manigault sostiene que, cuando el poder político utiliza la burocracia para asediar a una empresa periodística, el objetivo final es el control absoluto del discurso público.
Ecuador
El Estado apunta al control de GRANASA: la empresa denuncia una maniobra política
Redacción Extra
En sintonía con esta preocupación, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que estas acciones tienen un efecto intimidatorio que se extiende mucho más allá de GRANASA.
Al atacar la estabilidad y la gobernanza de un medio tan emblemático como Expreso o Extra, el Gobierno envía un mensaje de advertencia a todo el ecosistema mediático del país. Ramos subraya que afectar la propiedad de un medio es una manera indirecta, pero sumamente efectiva, de condicionar el contenido informativo y debilitar el pluralismo necesario en cualquier democracia saludable.
Gráficos Nacionales presentó el sustento de cada nota que se publicó sobre el demandante.
El informe más reciente de la SIP sobre la situación en Ecuador ya advertía un panorama sombrío, marcado por violaciones sistemáticas a la libertad de prensa.
En el documento se detalla cómo funcionarios cercanos al presidente Daniel Noboa han utilizado de manera recurrente las redes sociales y los canales oficiales del Estado para desprestigiar a periodistas y medios de comunicación.
Un caso que ejemplifica esta tendencia es el del secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, quien vinculó públicamente a los diarios de GRANASA con esquemas de evasión tributaria mucho antes de que existiera una investigación formal, una acción que ha sido catalogada como un claro intento de intimidación política desde el poder central.
Así las cosas planteadas, la SIP ha dejado claro que permanecerá vigilante ante cualquier intento de sofocar las críticas mediante el uso indebido de la institucionalidad, recordando que un gobierno que teme al escrutinio de la prensa es un gobierno que debilita sus propios cimientos democráticos.