Con el incremento de la violencia en Ecuador, las trabajadoras sexuales trans son uno de los grupos de la sociedad más golpeados. El asesinato de una de ellas en Guayaquil, conocida como Becky G, es el caso más reciente. Quienes se dedican a esta labor se sienten desprotegidas, sin respaldo policial ni judicial; pero anhelan que esta situación cambie en algún momento.

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La noche del pasado 8 de octubre, en las calles García Moreno y Primero de Mayo, zona céntrica de Guayaquil, Becky G fue baleada y falleció al instante. Su cuerpo quedó tendido en la calzada, generando un fuerte impacto emocional en sus compañeras de oficio.

El caso presuntamente estaría vinculado a una extorsión. Criminales, al parecer, le exigieron el pago de un monto de dinero (se desconoce cuánto) para poder trabajar con tranquilidad en el sector. La negativa de la sexoservidora habría ocasionado aquel ataque en el que perdió la vida.

El hecho causó indignación entre quienes conocían a la víctima y a otras personas de la población LGBTI+, pues ella simplemente laboraba prestando ese tipo de servicio y no se conocía que estuviera implicada en actos delictivos.

Vivía en un departamento en el centro de Guayaquil con su mascota desde hace no mucho tiempo, pues era originaria de otra provincia, según se pudo conocer.

Subregistro, inseguridad y justicia ineficiente

Diane Rodríguez, presidenta de la Asociación Silueta X y directora de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI+ (lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales y otras diversidades), señala que en lo que va de 2025 la federación registra 15 asesinatos contra personas de la población LGBTI+ en Ecuador. De esos casos, 11 corresponden a mujeres trans.

“Esos son los que nosotros identificamos. Hay muchos más que nosotros no cuantificamos, no los conocemos, o no nos llegan por denuncias (...). Siempre habrá un subregistro de información a la cual nosotros no podemos acceder. También las autoridades no registran los casos por orientación sexual ni por identidad de género”, explica, respecto a las complicaciones de obtener cifras más exactas de estos asesinatos.

Además señala que de acuerdo con información de trabajadoras sexuales trans, de quienes no se revelan sus identidades por seguridad, hay otras ciudadanas dedicadas al oficio que han sufrido amenazas.

Malony Chávez, presidenta de Fundación Furia Trans, oenegé dedicada a realizar actividades en beneficio de las personas trans en Quito, comenta que semanalmente ocurren casos de robos, agresiones y amenazas contra trabajadoras sexuales agremiadas y no agremiadas.

La situación es más crítica considerando que, además de que el nivel de violencia ha repuntado en el país, contra ellas hay una carga extra por “razones de odio y transfobia”.

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Agentes necesitan más preparación

Según Chávez, esta situación se agrava porque, en algunos casos, quienes están encargados de precautelar el orden y la seguridad no tienen la preparación suficiente para tratar con ellas y garantizar espacios seguros en las calles.

“Sabemos que el trabajo sexual no está prohibido ejercerlo en la calle, pero la Policía usa argumentos como que estamos haciendo escándalo público y siempre arremeten. Obvio que no son todos los policías, hay unos que sí saben cómo tratar y tienen más educación”, manifiesta.

Acota que la salud mental de la población, más aún en los casos de quienes ejercen el trabajo sexual, está deteriorada porque han sufrido agresiones, violaciones, amedrentamientos, entre otras acciones en su contra.

Cuando ocurren este tipo de casos y se busca denunciar, dice que se enfrentan a otra falencia: en el sistema judicial, los funcionarios no siempre les ofrecen un trato digno. Además, argumenta que los casos de crímenes contra la población trans no están tipificados por separado. Estos hechos no son tratados de manera especializada ni tampoco tienen prioridad.

“El acceso a la justicia para nosotras es inválido. Por eso también queremos que se reestructure el sistema judicial. Estamos promoviendo que se tipifique en Ecuador el transfemicidio”, plantea.

Políticas públicas necesarias

Chávez y Rodríguez coinciden en la necesidad de que se generen políticas públicas en favor de la población trans, como por ejemplo en el tema laboral. Las mujeres trans, dice Chávez, no suelen tener mayores opciones que el servicio sexual. Sin embargo, buscan la forma de generar esas oportunidades por cuenta propia, como promoviendo capacitaciones en campos como la gastronomía o la belleza estética.

“En el 2022 presentamos un proyecto de ley de inclusión laboral trans. Hasta la anterior Asamblea Nacional, se suponía que el proyecto estaba recibiendo aportes. Ahora, con esta nueva Asamblea, hemos preguntado qué pasó con el proyecto, pero nada”, dice Rodríguez.

Jorge Medranda, coordinador de la Fundación Diálogo Diverso, institución que defiende y promueve los derechos de la población LGBTI+, también recalca que una de las necesidades de este grupo de la sociedad es que existan mayores posibilidades de educarse y ser profesionales.

“Si estas mujeres tuvieran acceso a la educación, tendrían más oportunidades. Si la sociedad ecuatoriana tuviera el pensamiento de que puede dar a trabajo a una mujer trans que está capacitada, entonces estas mujeres tendrían más oportunidades, pero no las tienen”, reflexiona.

Añade que este acceso debe ir de la mano con un proceso de reeducación de la sociedad en general, de tal forma que se entienda y fomente el respeto a los derechos humanos, incluyendo a las personas trans y en general a la población LGBTI+.

“Que se sensibilice a las personas en diferentes espacios sobre qué significan las diversidades en general y, dentro de estas diversidades, qué significan las diversidades y cómo se debería tratar de una manera digna una persona LGBTI+, que se le debería tratar como a cualquier persona, respetando los derechos, respetando la ley. No es nada extraordinario”.

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