La Cárcel del Encuentro, que será inaugurada en noviembre de 2025, promete convertirse en un emblema del cambio en el sistema de rehabilitación social del Ecuador. Este centro de máxima seguridad contará con tecnología de punta y tendrá capacidad para 800 personas privadas de libertad (PPL), distribuidas en cinco pabellones con celdas individuales, seis torres de vigilancia y sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial.

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Sin embargo, expertos en seguridad coinciden en que, más allá de la infraestructura, será indispensable clasificar correctamente a los internos, garantizar su participación en programas de rehabilitación y modernizar la gestión de expedientes para que la promesa de cambio sea efectiva.

La Cárcel del Encuentro se edifica en la comuna Juntas del Pacífico, en la parroquia Simón Bolívar, provincia de Santa Elena. El ministro del Interior, John Reimberg, indicó recientemente que algunos PPL que actualmente están en la cárcel de máxima seguridad La Roca podrían ser trasladados a este nuevo centro, lo que permitiría mejorar la gestión del resto de las cárceles del país.

En abril de 2025, Reimberg visitó junto al ministro de Defensa Gian Carlos Loffredo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, con el objetivo de analizar estrategias de seguridad física, equipamiento del personal y gestión penitenciaria que podrían replicarse en Ecuador.

“Los líderes del Bloque de Seguridad destacaron que llevarán a Ecuador valiosas ideas sobre seguridad física, equipamiento del personal, sistemas de seguridad electrónica y gestión penitenciaria, con el fin de fortalecer el modelo carcelario nacional”, se informó.

Correcta clasificación

Para Alfredo Muñoz, doctor en Jurisprudencia y exdirector nacional de Rehabilitación Social, uno de los puntos clave es realizar una correcta clasificación de los PPL según su nivel de peligrosidad. “Hay que determinar el índice de peligrosidad y, basándose en eso, ubicar a los 800 detenidos en el centro de máxima seguridad, en donde el régimen de tratamiento de los detenidos es completamente restrictivo, muy diferente al de internos de mediana o mínima peligrosidad”, explica.

Muñoz considera que La Roca podría seguir alojando a internos de máxima peligrosidad, mientras que la Penitenciaría del Litoral se destinaría a internos de mínima peligrosidad y el Centro de Privación de Libertad zonal 8 a aquellos de mediana peligrosidad. El desafío, añade, es contar con profesionales que evalúen correctamente a cada interno y, de ser posible, complementar la labor con asesoría internacional.

Celdas personales y actividades

Kléber Carrión, experto en seguridad y exdirector de la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, señala que otro reto del sistema es el hacinamiento. Según las normas Nelson Mandela (modelo universalmente reconocido para la gestión penitenciaria), lo ideal es que las PPL estén en celdas unipersonales. “Actualmente hacemos cubículos para dos o tres personas, aumentando el hacinamiento. Es necesario cortar esto de raíz y clasificar según peligrosidad para separar a quienes son demasiado riesgosos”, explica.

Carrión también resalta que la participación en actividades de rehabilitación debe ser obligatoria. El artículo 9 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la participación es integral, individual y voluntaria, pero él considera que cambiar esta estructura permitiría involucrar realmente a los internos en su proceso de rehabilitación.

“Los privados de libertad no quieren asimilar o no aceptan voluntariamente estas actividades. Hay que cambiar toda esta estructura”, argumenta.

Sistema de expedientes y tecnología

Otra falencia importante es la gestión de expedientes. Muñoz subraya la necesidad de contar con una plataforma digital que detalle el comportamiento de cada PPL durante su sentencia. Esto permitiría que los jueces consulten información confiable para otorgar beneficios penitenciarios y reduciría el margen de corrupción.

“Es necesario que el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores) contrate un sistema, una plataforma para llevar los expedientes de los detenidos de manera que, cuando el juez se lo pida al director del centro de detención, no tenga que inventarse nada. Tiene que imprimir lo que está en la carpeta, porque además toda la información que está constando en la plataforma debe ser encriptada para que no se la puede modificar. Es decir, el juez pide eso y se va lo que está allí. Él resolverá si es que amerita que se le otorgue o no el beneficio”, explica Muñoz.

Carrión añade que el equipamiento tecnológico y personal capacitado son esenciales para fortalecer los controles y evitar la permeabilidad del sistema.

Si bien la nueva Cárcel del Encuentro representa un paso importante en infraestructura y seguridad, los expertos consultados por EXTRA coinciden en que solo un enfoque integral (clasificación correcta, participación obligatoria en programas, gestión tecnológica y profesionalización) garantizará un verdadero cambio en el sistema de rehabilitación social del país.

¿Militarizar las cárceles es el camino?

De la mano con la construcción de la Cárcel del Encuentro, el Gobierno ha reforzado el control de los centros de rehabilitación social con apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

En una entrevista televisiva a fines de septiembre pasado, el presidente de la República, Daniel Noboa, recalcó que la presencia militar en las cárceles debe continuar, pues la considera fundamental para lograr los cambios necesarios en el sistema penitenciario.

Sin embargo, el experto en seguridad Kléber Carrión advierte que esta medida debe ser evaluada, ya que el control debería recaer en los agentes penitenciarios. Además, señala que la militarización podría generar conflictos con organismos que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos.

“¿Cómo se debe manejar esto? A través de una resolución del Gobierno. Al retirar a los agentes penitenciarios y militarizar, se les otorga a los militares un estatus distinto. Eso podría provocar una reacción de las organizaciones que están en contra”, advierte.

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