El mundo de la música urbana vuelve a sacudirse. Daddy Yankee, uno de los artistas más influyentes del género, inició una batalla legal de alto calibre contra dos de las personas que durante años formaron parte de su entorno más cercano: su exsocio y productor Raphy Pina, y su exesposa, Mireddys González. La querella, presentada ante un tribunal federal en Estados Unidos, se sustenta en la Ley RICO, una normativa creada para combatir organizaciones criminales y esquemas de corrupción estructurados.

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Según el documento judicial, el artista habría sido víctima de un presunto entramado de manipulación financiera que operó durante casi una década y que habría permitido el desvío sistemático de regalías provenientes de su catálogo musical. La demanda expone que, desde 2015, se habría mantenido un sistema de registros falsificados y documentación alterada que benefició a Pina y a su círculo cercano en detrimento del intérprete de Gasolina.

El conflicto estalló tras la separación matrimonial de Daddy Yankee y Mireddys González a finales de 2024. Al intentar retomar el control administrativo de sus corporaciones, el cantante se encontró con un escenario irregular: correos corporativos eliminados, expedientes incompletos y vacíos en la información financiera. Esto llevó a la conformación de un equipo de auditoría encabezado por Carlos Cases Gallardo, exjefe del FBI en Puerto Rico, cuya investigación reveló inconsistencias en los registros de autoría y asignaciones de dinero.

Manipulación de derechos de autor

El núcleo de la acusación apunta a la manipulación de los derechos de autor del artista. De acuerdo con la demanda, se habrían utilizado split sheets —las hojas donde se establecen los porcentajes de coautoría— alterados, además de excluir deliberadamente a Daddy Yankee de comunicaciones clave. El objetivo, según el documento, era posicionar a Raphy Pina como coautor de canciones en las que no habría participado creativamente.

Estos registros alterados habrían llegado incluso a la Oficina de Copyright y a diversas plataformas digitales y editoras musicales, lo que permitió que se distribuyeran regalías basadas en información incorrecta. Con el paso del tiempo, estas prácticas se habrían institucionalizado, generando una apariencia de legitimidad difícil de detectar.

La acción legal no solo se dirige a Pina. También identifica a otras figuras que habrían tenido roles específicos dentro de la estructura corporativa. Además, la demanda menciona empresas vinculadas a Pina, como Pina Records (World Music Latino), Los Magnifikos y Mafer Music Publishing, las cuales habrían funcionado como vehículos para canalizar los pagos desviados.

Acusaciones de intimidación

El documento federal también describe un entorno supuestamente coercitivo. La querella señala que Raphy Pina habría utilizado tácticas de intimidación física, actos de violencia y armas de fuego para evitar cuestionamientos sobre las finanzas. “Pina-Nieves actuó como el arquitecto central de una estructura organizada bajo la Ley RICO”, sostiene el texto, añadiendo que el productor habría explotado la confianza y vulnerabilidad de artistas jóvenes para ejercer control.

El equipo legal del cantante solicita la corrección inmediata de todos los registros de derechos de autor afectados, junto con la restitución de las regalías desviadas. Al ampararse en la Ley RICO, también buscan triplicar los daños económicos y obtener un interdicto permanente que impida a los acusados realizar futuras reclamaciones sobre las obras en disputa.

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